ABSTRACT
The spatial
structuring established since the Republican foundation of Ecuador in 1830 is
presented as disorganized and chaotic due to the failure to conceive the
country's bio-anthropological diversity and differences. This neglect resulted
in the absence of a historically agreed-upon organization and ordering of the
State and its territory, leading instead to a State controlled by the governing
elite for their own benefit. The socio-spatial disorder and chaos are evident
in the accumulated delays and rural-urban poverty, which should have been
addressed to build a diverse and inclusive nation. This topic is pertinently
addressed in the present research, tracing the foundational-structural
implications, combined with circumstantial practices that have hindered the
implementation of the long-desired and proclaimed "Constitutional State of
Rights, Social Justice, Territorial Integrity, and Plurinationality"
of 2008.
RESUMEN
La estructuración espacial instalada
desde la fundación republicana del Ecuador de 1830 se presenta desordenada y
caótica por no haber concebido la diversidad y diferencia bio-antropológica,
dejando de organizar y ordenar un Estado y territorio mediante Acuerdo
Histórico, obteniendo solo un Estado de la élite gobernando en su beneficio. El
desorden y caos socioespacial se evidencia en los acumulados atrasos y pobrezas
rural-urbano que debieron destrabarse para su constitución diversa y diferente.
Esta temática es abordada con pertinencia en la presente investigación,
rastreando las implicaciones fundacionales-estructurales, combinadas con
prácticas coyunturales que han impedido implantar el anhelado y declarado
Estado “Constitucional, de Derechos y Justicia Social, Territorial y
Plurinacional” del 2008.
Keywords / Palabras
clave
space, rural, urban, State,
government, politics.
espacio, rural, urbano, Estado,
gobierno, política.
Introducción
Ecuador, país situado en
la línea ecuatorial de Sudamérica ha transitado desde la colonización Inca-española
del siglo XV, a la independencia y anexión a la Gran Colombia de inicios del
siglo XIX, acontecimientos que le dieron sustento a la fundación republicana de
1830 con los cuales se ha modelado la estatalidad eurocéntrica bicentenaria y la
organización espacial rural-urbana; temática que se da cuenta en la presente
investigación partiendo con la premisa citada por Saramago en su novela el
Hombre Duplicado (2002), “El caos es un orden por descifrar”; la central pertinencia
del abordaje de desorden y caos socioespacial estructurado en el republicanismo,
es el resultado de un orden estatal a descifrar; este requiere ser destrabado
para una mejor organización del espacio, más que del Estado. Organizar el
espacio, es más allá de la sola estatalidad de 200 años a la ecuatoriana; aquí lo
único organizado es la acumulación del capital con consecuentes atrasos y
pobrezas administradas coyunturalmente, además de haber cercenado el territorio
nacional y modificado internamente como muestran los siguientes mapas políticos
de 1830 y 2024.
Grafico 1. Evolución territorial y jurisdiccional
del Ecuador en el Estado nacional
Mapa del
Ecuador de 1830 Mapa
del Ecuador 2024
En este Ecuador
territorial, se alberga formaciones mega diversas por mayor cantidad de flora y
fauna en mínima unidad de área territorial; atribución biofísica por ubicación centro
planetaria; vulnerable a su composición volcánica activa e inactiva desde la Amazonía,
cordillera de los Andes, extendida al litoral del océano Pacífico que parió las
Islas Galápagos de alta sismicidad y directa influencia del fenómeno El Niño y
La Niña.
Las
múltiples zonas de vida ecológicas entre 0 a 6.300 msnm son determinantes en la
composición de diversidades étnicas ancestrales; caracterización bio-
antropocéntrica que el republicanismo somete al proyecto de “únicos en unidad”
en todas las ordenes como “esenciales” políticas espaciales rural-agraria y
urbano desde 1830; macrorregiones geográficas-naturales parte de la misma masa
territorial, a su vez incompatibles zonas de vida entre el litoral marino con
la cordillera de los andes y la amazonia; donde la cordillera andina constituye
la gran muralla-barrera de incompatibilidad ecológica-antropológica que la
estatalidad estructuró, no una organización espacial, impuso un Estado de la
élite.
Diversidad extendida
a recursos minerales, principal atractivo en la colonia a la vista y uso de los
ancestrales que fueron saqueadas y agotadas por los colonizadores; situación
que llevo a modificar en la “segunda mitad del periodo colonial presenciando
una diversificación económica en muchas partes de los Andes, reforzado con la
independencia del siglo XIX produjeron cambios políticos y sociales, la
explotación de los recursos primarios siguió siendo la base económica principal
de las nuevas repúblicas andinas” (Kaltmeier, 2024: 43); implantando fuentes
generadoras de riquezas como la plantación agrícola; modo-medio y recurso que
crea el Concertaje, forma de acumulación, donde el dueño de la hacienda se
apropia del trabajo gratis y perpetuo no de un individuo, sino de la familia,
institucionalizando el trabajo forzoso desde el siglo XVII, que consistía en “contratos
para ejercer servidumbre en las haciendas a cambio de otorgarle un pedazo de
tierra que debían pagar por el uso en residencia y subsistencia, deuda siempre
vigente para la continuidad del sometimiento en servidumbre perpetua”.
Agricultura con Concertaje- sometiendo a la
población local, modificando el ecosistema terrestre colonizado; suelo
destinado exclusivamente para la subsistencia local; agricultura que implanta
la explotación intensiva y extensiva, devastando gran parte de la primaria geografía
natural, introduciendo especies boscosas como el eucalipto copando el páramo
andino; especies comestibles, como: plátano y banano; la gramínea del arroz;
frutales en cítricos, el mango y la caña de azúcar; animales menores, aves en
gallina y patos; extendido a cerdos, ovejas y ganado vacuno; animales de carga
o de desplazamiento: caballar y asnal (burros). Modificación del paisaje que hizo
una doble colonización, el dominio poblacional (Concertaje) y del territorio
sometiéndolo a generar “riqueza nacional”; con esta el Ecuador basa su economía
con el nacional cacao, también con los coloniales café y banano, hasta llegar la
invasiva ganadería; en contraste, la América andina-amazónica coloniza la dieta
alimenticia planetaria basada en tubérculos en papa y yuca, el mesoamericano
maíz y el amazónico cacao arriba. Agricultura cuyo denominador común no fue la
subsistencia local, sino mecanismo generador contribuyente a la economía de la
realeza española comerciada en Europa, y en el republicanismo fuente principal de
ingreso nacional de vocación agroexportadora; actividad insuficiente, sin haber
transformado el estado primario que cubra hasta el funcionamiento estatal,
reemplazada por el petróleo como importante generador de riqueza para el Estado
y la economía nacional desde los 70 del siglo XX a la actualidad; herencia de
modo y medio de producción útil con el Cabildo institucional, gobierno clave de
dominio local vigente.
Es en América donde se instala el
Estado fundacional con marcos normativos-institucionales dependientes del
modelo originario de la Europa-occidental. Sus principales ideales fueron el
nacionalismo, control social con educación, la “modernización” y la consecuente
división territorial, que surta efecto de disciplina miento en la dinámica
inestable de la modernización y progreso urbano-industrial, diferente al
“estable” rural-agrario. Antecedente de
fundamento liberal proveniente de la Revolución Francesa, adquiriendo el Estado
los contornos y la base político-ideológica que conocemos hoy, la ruptura
burguesa con el absolutismo monárquico de derecho divino inaugura un Estado aún
más centralizado, estructurado con la base de la igualdad individual, en la
ciudadanía, en la soberanía popular y en un territorio, ahora nacional
(Silveira, 2011: 22). Nacionalismo, principio según el cual “debe haber
congruencia entre la unidad nacional y política” (Gellner, 1988, p. 13). Creando
estratégicamente difundidos elementos identitarios presuntamente nacionales
(materiales, sentimentales, o simbólicos) ―principalmente el idioma, el
territorio y la historia nacional― lo que permitió
construir y legitimar una imagen de comunidad nacional, contribuyendo así a la
creación de una unidad cultural, política, jurídica para cada territorio
estatal.
Por esto el
Estado ecuatoriano no se funda sobre una identidad nacional preexistente, sino
sobre un pacto entre las élites criollas que establecieron formulas
constitucionales y jurídicas con base a una ciudadanía restrictiva ―fuertemente
asentada sobre la distinción y desigualdad racial/étnica― que no correspondían
a la compleja y heterogénea realidad social (Ayala, 1999). Sino del largo
proceso de conformación de lo que hoy constituye el territorio nacional
ecuatoriano ocurrido en base a cuatro características estructurales básicas: la
expropiación y la concentración de tierras; la explotación de la naturaleza; el
racismo y consecuente explotación de la fuerza de trabajo indígena y negra; y
la producción primario-exportadora. Puntos de partida y llegada a sustentarse en el presente trabajo,
descifrando el caos como el orden establecido en la república del Ecuador.
Metodología
El presente
ensayo, investigación cualitativa con enfoque descriptivo e historiográfico de
etapa heurística (exploratoria) y hermenéutica (analítica); el enfoque descriptico
fundamenta los aspectos claves de la república del Ecuador recurriendo al abordaje
de autores clásicos de la historiografía nacional, contrastado con
interpretaciones de la estructuración estatal y socioespacial rural-urbana, claves
del proceso del proyecto de Estado Nacional identificados en los periodos de:
oligarquización (1830-1950), desarrollista-burgués (1950-1980) y
neoliberal-neoconstitucionalista (1980 a la actualidad). Con estas se observa y
comprende cómo las dinámicas espaciales inciden en lo rural y urbano, donde la
interacción o sobreposición de estas conforma el contexto social, económico y
político a la ecuatoriana. Además, desglosa diversos aspectos conducidos al
propósito de analizar los sentidos fundacionales de la república, la estructuración
política, económica, social, espacial y gubernamental de los periodos en
mención; contribuyentes al instalado republicanismo dominante, estructurador
y/o productor de la desigual espacialidad urbana-rural. Rural que se mantiene disperso
y desorganizado, caracterizada por: acceso limitado a bienes básicos, entornos
económicos de pobreza, forzamiento a la movilidad urbana rastreados por identificaciones
claves y diferenciadas con lo urbano y entre sierra-costa; ligado a la consecuente
estructuración del caos aglomerado de la ciudad, falto de planificación y
asimétrico (desigual) sin haber surtido efecto la planificación nacional desde
1954 inducida por el copamiento estatal “dotador” de bienes básicos y sociales,
sustentada en estadísticas históricas, contrastadas con las recientes de la que
se tiene cuenta; como resultado se obtiene el trabamiento por el contemporáneo neoliberalismo
con desconcentración y descentralización que des― estatalizó y des―
territorializó la gestión estatal, retornado con re― centralización de dominación
estatal mediante ordenamiento territorial con el neoconstitucionalismo al 2008.
Todos insumos del estado de situación que esbozarían posibles des trabamientos
de la estructuración socioespacial que integre, ordene y organice pertinentemente
lo rural-urbano del Ecuador.
Resultados
Contexto y tensiones en la estructuración
espacial rural-urbana del Ecuador
El proyecto
fundacional del Ecuador estatal de 1830, su esencial propósito es legitimar la “soberanía”
afirmada con la invención de Patria mediante dispositivos simbólicos de, BANDERA,
oficializada desde 1860 con comunes colores amarillo, azul y rojo heredados de
la anexión a la Gran Colombia; el ESCUDO, figurando la unidad territorial
oficial desde 1900; y el HIMNO, de autoría que data en los albores del inicio
republicano oficializado tardíamente en 1948. Emblemas que pretenden imprimir el
imaginario de nacionalidad ecuatoriana, rescatando el independentismo y anexionismo
a la Gran Colombia ligado al dominio poscolonial con la sentenciada frase,
"Último día del despotismo... y primero de lo mismo", escrita a mano
alzada en los muros de Quito, sintetizando el inconcluso proyecto de Estado
Nacional hasta la actualidad, debido a que los dominios independentista y republicano,
la élite no se comporta de manera diferente que la colonial.
Los
simbolismos de: banderas, himnos y escudos adoptados en la formación estatal, suponen
despojarse de la colonial con sentido de fundar lo nuevo y distinto, imaginarios
de identidad para una nacionalidad en formación, profundizada en los himnos
alusivos a la bandera y escudo coreando las desgastadas consignas de patria,
patriotas y unidad del Estado republicano, sin que abonen a legitimar la
endeble unidad nacional y el consecuente nacionalismo ecuatoriano; por esto se sigue
recurriendo a reafirmar, el “Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre,
viva la patria”, invisibilizando al Ecuador Andino y del Pacífico litoral; el
tendiente Ecuador amazónico, constante tesis de supuesta “heredad o pertenencia
territorial”, vacía al megadiverso Ecuador carente de arraigo popular. Estos imaginarios
ligados a las independencias, configuradores de patrióticos emblemas
republicanos se desgastan, siendo reemplazados por centrales personajes del
republicanismo presidencial, convirtiendo a Eloy
Alfaro en la mítica figura, usada y abusada en la reafirmación estatal.
Sin lograr
revitalizar el Estado nacional de 1830, debilitándose, para sostenerse se
recurre al falaz argumento de Patria, “invento de unos pocos para dominar a los
muchos” (Vallejo, 1994); a pesar de aquello comienza a estructurarse y
fortalecerse la organización espacial y jurisdiccional interna combinada y
priorizando tensiones rural-urbana sobrepuestas en provincias, cantones y
parroquias, sucumbiendo a la hegemonía urbana como sustento conformador
sintetizado por Maiguashca (1994: 357-358), referidos al papel del poder
central en el proceso de integración nacional, proponiendo como hipótesis la
centralidad del Estado como instancia burocrática en línea weberiana; institución
principal motor de la integración nacional utilizando las dimensiones
propuestas por Tarrow, referido al proceso de formación en Europa occidental y
el impacto que el centro ha tenido para los gobiernos en las periferias basado
en tres indicadores: a) penetración político-administrativa referida a la
creación de instituciones para lograr el control militar y administrativo; b)
homogeneización normativa consistente en la creación de leyes y; c) la
incorporación social de grupos marginales.
Tensiones
inalterables; las referidas a las de base socio territorial de ancestro comunal
sobrevive los 300 años de colonización española; las concernientes a las
facciones oligárquicas sierra-costa son dirimidas por Eloy Alfaro presidente
desde 1895, empatando la participación de estas sosteniendo la dominación a perpetuidad,
sin haber procesado las provocadas a la población ancestral que se hubieren
disuelto con la decretada abolición del concertaje, opresión y abuso en contra
de los indígenas (Pavón, 2023: 48); debiendo llegar al transitorio arreglo institucional
con control social mediante la promulgada y vigente Ley de Comunas desde 1937.
Manteniendo
pendiente acordar la conveniencia de adecuar una organización socioespacial y política-administrativa
con su sociedad y territorio; solo implementada a lo identificado por “Morse, radicado
en el esquema urbano al establecer el contraste entre la naturaleza centrípeta
del poblado europeo, que concentraba y organizaba el comercio de una región;
sino imprimiendo el carácter centrífugo Latinoamericano, que cumplía la función
de controlar y administrar recursos que radicaban en el campo" (Roberts,
1980 p. 60).
Estado de
la élite donde, “el territorio tiene dos formas esenciales de ser concebido, el
capital busca poseerlo y someterlo a la explotación para su beneficio y
acumulación sin considerar las externalidades del deterioro natural y/o social,
en contraste con el poblador ancestral o asentado que simplemente quiere
habitarlo, entendido este ―habitar como un ejercicio de reciprocidad que
permite una vida plena si —a cambio— se lo cultiva, atiende y hasta se hace el
esfuerzo de conectarse con este y cumpla su estricta función social, que es y
debe ser el interés superior concebido como bien desde el valor de uso, en
contraposición con el mercantilista valor de cambio” (Zambrano et al., 2020:
118); concebir que le da forma subordinando el valor de uso de los asentados
ancestrales, convertido a valor de cambio por el dominante capitalismo
republicano.
Tierra y
territorio, dos connotaciones distintas, aunque sea la misma masa terrestre
nacional, constituyen una contradicción fundamental del capital en el Ecuador; donde
la tierra en versión republicana inducida por el Estado nacional es lo
agrario-campesino de fundamento generador de capital, contrario al territorio
intrínsecamente ligado a la natural cosmovisión de pueblos y nacionalidades
ancestrales sin aprovechamiento del capital.
Memorias
determinantes en los modos y/o modelos de producción y de la composición
espacial del asentamiento poblacional al presente, destacándose el latifundismo
oligárquico rural serrano parte de la dualidad u oposición de esta sociedad
tradicional de carácter agraria, campesina, sacra (vínculo divino venerado y
respetado); a la moderna urbana industrial, secular (pérdida del poder de la
iglesia católica) instalada con el desarrollismo (Castells, 1973: 7-8).
Agro ruralidad reforzada con la urbanización
“industrial” desarrollista; la primera modela la economía de agroexportación
destacada en periodos, como: la cacaotera, combinada con café desde mediados
del siglo XIX, hasta llegar la predominancia bananera desde mediados del siglo
XX a la actualidad; la urbanización sigue un desorden, aglomerando población
rural a partir del centralismo y centralidades inducida por la
“industrialización sustituta de importaciones”.
Pretensión modernizante del Estado sin haber preparado
las condiciones en instalar una dirigencia “capaz de ejercer una hegemonía
política, económica y cultural” (Balibar, Etienne, 1991, p. 141), que mantenga
autonomía al dominio de los grupos económicos y políticos nacional, o la unión
de estos a la que sucumbió; mientras no se salga de esta condición estructurada,
nada se alterará, “la simple promoción de una tímida reforma social abre las
puertas del infierno de donde salen todos los demonios imaginables con el
objeto de sabotear el experimento y destruirlo acudiendo a cualquier clase de
recurso” (Borón, 2014: 247) por parte de la élite criolla nacional-local, sin
haber surtido los efectos de instalar una organización espacial más que
distinta, combinando la forma estatal liberal con organización social,
comunitaria, colectiva, étnica y/o local; forma espacial de organización que
hubiere sellado un efectivo acuerdo de Estado-nación con reales contrapesos del
lado estatal y del social-comunitario sin ventajas más que las funcionalmente
equilibradas.
Republicanismo estructurador de pobrezas, en el que
subyacen condiciones causales provocado por el sistema concentrador del poder
político intervenido desde el Estado, acumulando capital sin límites mediante
la fórmula 1/50 - 50/1: mientras el 1 % más rico de la población tiene el
50 % de todos los activos de la nación, el 50 % de la población más
baja de la distribución concentra el 1 % del total del patrimonio nacional
(World Inequality Report, 2022); proceso acumulador mutado del colonial (1526 a
1810), a pos colonial eurocéntrico y Gran Colombiano (1819 a 1835), hasta el “independiente”
desde 1830; “estructurando” internamente jurisdicciones, en: departamentos,
provincias, cantones y parroquias facilitando la dominación de turno con el colonial
Cabildo español que inicio el proceso de urbanización, en este “territorialmente
se homogeniza el espacio, se disuelven diferencias, unificando la diversidad y
simplificando la realidad” (Pérez, 2016: 10); impidiendo
consolidar un modelo de urbanización a la ecuatoriana, siendo esta dispersa y
carente de homogenización por su diferenciada construcción en el Estado
nacional intervenida por la élite y la acumulación local-regional y no nacional,
ligada a la dispersa ruralidad; origen del campesinado nacional, soportada y
sostenida por el ancestral mecanismo descentralizado de subsistencia.
Es la república en formación,
“donde los espacios centrales son interpretados
como metrópolis que controlan directa o indirectamente los recursos de la
periferia. Estructura que será la formación de una dualidad prototípica del subdesarrollo:
un espacio rural empobrecido, sin propiedad ni control de sus actividades y del
producto realizado. Y un área metropolitana superpoblada en cuyo centro se
asientan las clases que controlan los recursos exportados con un horizonte
socioeconómico que apunta directamente a los centros económicos internacionales”
(Trucco y Fernández, 2024: 171).
Periferia, en la que se estructura el carácter
centrifugo (alejada del centralismo), disolviendo la composición comunal
ancestral andina, amazónica y de la costa, constituida por dispersas
comunidades circundantes de los centros poblados; lo sobreviviente se mantiene provocando
resistencias comunal-ancestral, “destrabarlo” en supuesta justicia histórica, es
promulgando la Ley de Organización y Régimen de las Comunas vigente desde 1937;
a esta se le asigna tierras colectivas y ejercicio del derecho ancestral o
consuetudinario.
La supuesta justicia constitucional-legal fue ampliando
el otorgamiento de territorios indígenas-ancestrales en cumplimiento de
instrumentos internacionales; hasta abril de 2021, los territorios de vida
registrados en la Base mundial (Registro TICCA). En la costa: comuna Playa de
Oro (106,09 km2) y la comuna Agua Blanca (92,02 km2); en la región
amazónica: Pueblo Shuar Arutam (2.325,34 km2), Nacionalidad Waorani (7.744,88 km2),
Pueblo Kichwa de Sarayaku (1.350 km2) y, en proceso de registro la
Nacionalidad Achuar (6.779,30 km2). Siendo aproximadamente 17.906,4 km2 de
bosques tropicales, bosques secos, vegetación arbustiva y otros ecosistemas
frágiles representando el 6,3% del territorio del Ecuador que no forman parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Proceso tenso de imposición-resistencia-disputa o “concesión”
del Estado nacional ha sido y es conflictivo, trabando la plena garantía de
derechos a territorios colectivos y ancestrales, imponiéndose la lógica del
capital mediante la explotación de los recursos naturales del suelo y subsuelo
como mecanismos de acumulación; en lo político-organizativo la incompatibilidad
entre gobierno civil y autogobierno comunitario, más que disputa del Estado
civil dominante, este subordinó y subordina a todas las formas de autogobierno
comunal o ancestral; el gobierno civil de sustento capitalista
mercantil-inmobiliario desconociendo otras formas de territorios, como de gobiernos,
porque el “Estado-nación comporta distintas territorialidades superpuestas al
interior del territorio nacional, que siempre fueron oprimidas y/o
marginalizadas en base al principio de soberanía, según el cual el territorio
estatal no admite la pluralidad de poderes y, por lo tanto, de territorios”
(Silveira, 2011: 30).
El corte mercantil ratifica, “su matriz histórica.
Esto es muy importante tenerlo presente para poder comprender las diferentes
instituciones productivas y sociales formadas. Por definición, el mercantilismo
constituye un factor de individualización o dispersión y no de unificación en
el aspecto social y económico y espacial. En efecto, no genera un mercado
económico homogéneo con formas productivas uniformes” (Zambrano, 2020: 13).
Necesaria para la industrialización sustituta de
importaciones, desencadenando una ilimitada aglomeración urbana de enfoque
hacia adentro, sin interferir competitivamente con los países centrales, solo transfiriendo
bienes de capital contribuyente a la formación del mercado interno,
especificada en: Minería. Alimentos, bebidas, tabaco. Textil, vestido, cuero. Madera.
Papel, imprenta y editorial. Químicos y derivados. Minerales no metálicos.
Metales, maquina y equipos (Dueñas, 2017: 29).
Debiendo instalar el capitalismo clásico mediante la
contradicción fundamental capital-trabajo “mediado” por la sindicalización
obrera; débil industrialización solo modificada por la “evolución” de la
división social, territorial y tecnológica del trabajo que incorporó mano de
obra barata descalificada y muy poca calificada por la funcional universidad
local, infraestructura y servicios estatales y tecnología.
Extendiendo esta modernización a la agro ruralidad,
sin que se haya alterado la primaria vocación agroexportadora transformándola intermediamente,
limitante del crecimiento económico, haciendo la economía nacional sin sustento
en el trabajo, sino en la apropiación de la producción de la naturaleza en recursos,
como: petróleo, minería, agricultura y pesca.
Urbanización que presenta un carácter en sus dos
periodos, el primero centrifugo y el segundo centrípeto (exclusivo
aprovechamiento del centro); en ambos por y para el uso capitalista del
territorio y el consecuente control social dominante; el centrifugo influyó para
el dominio del contexto, y el centrípeto para el aprovechamiento o
centralización de los recursos del contexto local-nacional entre el Estado y el
capital.
Las tensiones de la transición entre dispersión
rural desorganizada, al aglomerado caos urbano, en esta se refleja una “evolución”
en la estructura socioeconómica y demográfica atribuido a las movilidades
campo-ciudad buscando oportunidades en mejorar las condiciones de vida vinculada
con la industrialización; careciendo esta de planificación adecuada sin crear
condiciones para el crecimiento poblacional, generando una estructura espacial
y socialmente de pobreza y desigualdad, extendida a la generación de violencia
social, contaminación y presión que sigue explotando los requeridos recursos
naturales de la periferia rural nacional.
Corregirlos, se le atribuyó a la gestión del
desarrollo urbano de manera sostenible, implementar políticas integrales mejorando
infraestructura, desarrollo económico equitativo, garantizar servicios básicos
y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones; siendo lo
pertinente, el modelo de Estado de contenido neoliberal planetario ha impedido
lograrlo, por ser: antidemocrático, elitista y concentrador de los recursos y
rol del Estado.
Gravitante en la economía y proceso de urbanización
desde 1945; en la economía se arrogó el control, manejo y administración de los
sectores estratégicos en explotación y administración del petróleo y minería,
la electricidad, telefonía, puertos, aeropuertos, malla vial de primer orden,
extendido a la concesión y administración del capital internacional y nacional;
en la urbanización, el insuperable caos agravado hasta la actualidad.
Caos urbano sin tener un carácter competitivo entre
los centralismos de Quito y Guayaquil, comunes en requerimientos de
infraestructura, servicios sociales y empleo; lo diferencial está en la
aspiración-acción central dominante de las facciones asentadas aquí que han subordinado
no al urbanismo, sino al control del capital y al caudal electoral de las
intermedias capitales de provincias, y de los rezagados pequeños centros
urbanos rurales cruzados por complejidades naturales, sociales y étnicas.
El caos urbano poblacional, aglomeración sin
control, desorganizada y de ausente autosuficiencia; para suplirlas, el Estado ha
pretendido compensar con su intervención, sosteniendo ofertas de precarios servicios
que administra no la compleja demanda, sino las pobrezas sin satisfacerlas; intervención
que desconfigura la vital ciudadanía socio-territorial en derechos.
Este espacio que es más que el territorio, al ser
un producto social rural y urbano; producirlo, es con la mercantilización,
saliarización y el consumo de la central mancha urbana que concentra el
capital, extendida a la periferia rural productora agrícola con población rural
flotante de permanente movilidad campo-ciudad; producción espacial que no contribuye
a la organización socio territorial, sino a profundizar la estructural
desigualdad.
La identificada hegemonía urbana de Quito y
Guayaquil, al no ser competitiva, es complementaria para el negocio del capital;
el financiero se reparte o comparte; el comercial, conviven las monopólicas cadenas
agroalimentarias, farmacológicas, etc.; la disputa se concentra en el control del
gobierno; disputa “regionalizada” en toda la república, reeditada con la
irrupción del electoralismo progresista siglo XXI, y las facciones del conservadurismo
liberal, reencarnado en contemporáneo populismo latinoamericano a la
ecuatoriana compartido con la endeble socialdemocracia cooptada por la derecha tradicional.
Las tensiones y/o disputa expuestas son dirimidas apoderándose
del premio mayor, el control del gobierno manejando el abultado presupuesto
estatal representando entre el 30 al 40% del PIB nacional; sumado a que el Gobierno
es genuino representante de los intereses de la élite; ceder el gobierno a una
facción política en disputa, cambia la correlación de fuerzas y el beneficio del
sector acumulador de capital; por lo tanto, el Ecuador no es un Estado
disputado o competido entre el urbanismo de Quito y Guayaquil, sino por y para el
control del gobierno entre las facciones políticas y económicas dominantes;
consecuente empobrecedor socio territorial.
Caos urbano, determinante configurador espacial del
Ecuador
La conformación urbana del Ecuador es a la par a la
de la región, como tal proveniente del común origen colonial mediante,
“Ordenanza de 1573 («Ordenanzas de descubrimiento y
poblamiento»), instruyendo destinarse a: descubrir, poblar y pacificar,
preparando la ocupación del territorio, reorganizada por autoridad
administrativa y política; derivando en una jerarquización rigurosa del espacio
alrededor del centro (Plaza Mayor) y poder urbano, yendo de la «ciudad» a los
«pueblos». A este modelo de ciudad colonial la califican producto artificial;
también un instrumento que sirve para introducir una estructura económica y
social. Produciendo un espacio social por el poder político: una violencia que
tiene un objetivo económico”. (Lafebvre, 2013: 201-202).
Espacio producido también para cumplir funciones de
“defensa y protección poblacional”; estructuración alterada caóticamente por y
para el uso y acumulación del capital en sus variados mecanismos; lo inalterado
es el asiento originario del gobierno, el credo y el poder como parte del
ejercicio dominante; el desarrollismo de los 50 del siglo XX incentiva con la
instalación industrial sustituta de importaciones albergar población como “necesario”
ejército de obreros provenientes de la ruralidad; posterior, la globalización
neoliberal trajo al turismo planetario con declaradas atractividades de
patrimonios urbanos y naturales: Quito y Galápagos en 1978 y Cuenca 1999.
En esta urbanización subyace una matriz
problemática, al crecer o expandirse, se agrava y complejiza por carentes bienes
básicos: agua para consumo humano, evacuación de aguas servidas, flujos de
conexión y desconexión vial, habitabilidad, sustento económico-productivo y
laboral; haciendo de la ciudad: grande, intermedia, mediana y pequeña de
asiento rural sin autosostenibilidad, pasando a depender de contextos:
nacional, regional, provincial o local, a la actualidad de lo global.
La aglomeración inadecua condiciones forzadas por la
industrialización sustituta de importaciones (ISI), aquí la planificación
urbana llega tardíamente para reducir contaminación sanitaria no superada a la
actualidad; instalándose una constante incompletud con la permanente expansión
desestructurando el fundacional control de la centralidad del poder; provocando
caos organizacional sin haber detenido la consecuente movilidad rural.
Los registros intercensales poblacional dan cuenta
que en 1950 el 28,53% de la nacional es urbana, incrementada al 63,09% en el
2022 (INEC, 2022); 34,56 puntos más concentrada en la gran mancha urbana, donde
Quito y Guayaquil crecieron 8 veces, Cuenca 5, Machala 16 veces, además Santo
Domingo en el primer censo (1950) no existía como jurisdicción cantonal-urbana;
crecimiento que rebasa toda capacidad de planificación, como del escaso y necesario
presupuesto estatal.
Mancha urbana formada en y alrededor de Guayaquil y
Quito, seguido de Cuenca, Portoviejo, Manta, Machala y Santo Domingo, con densidades
superiores a los 10 mil habitantes por KM2; repercutiendo en masivos
hacinamientos afectando severamente al estado de salud poblacional en
morbilidades respiratorias, cardiovasculares y el mismo COVID 19; deteriorando
servicios sociales públicos y privados, sumado a la evidente violencia e
inseguridad que al mediano plazo no se vislumbra forma estatal de
superarla.
Por la importancia urbana, ONU-Hábitat realiza un
estudio en 27 ciudades midiendo el Índice de Prosperidad Urbana coincidente con
Hábitat III realizado en Ecuador al 2016; estas promedian el 63,22% poblacional
de sus cantones, el mayoritario 76,4% de la urbana nacional y el 47,98% de la
nacional al 2010 (INEC); composición urbana deforme y asimétrica (desigual); la
rueda la componen seis índices: 1. productividad, 2. infraestructura, 3.
calidad de vida, 4. inclusión social, 5. sostenibilidad ambiental y 6. Gobernanza
debiendo sumar máximo 100 puntos; solo tres (3) llegaron a moderadamente sólidas:
Cuenca (61,4), Ambato (60,46) y Quito (60,08); seguida de 18 ciudades entre
57,9 a 50,07 puntos como moderadamente débiles y a la cola 6 ciudades calificadas
de 49,39 y la más baja con 47,02 puntos definidas como débiles; “calificaciones
que no son lo más óptimo, debido a que los ejercicios de planificación que
ejecutan siguen subordinado a la dotación de infraestructura, insumo esencial
para subir de nivel, pero abona a la expansión y sostenimiento del capital
privado inmobiliario y comercial; además esta intervención no ha contribuido a
la organización espacial, más bien mantiene y administra el desorden o los
desequilibrios que demuestra el límite o fracaso planificador estatal”
(Zambrano et al., 2022: 611-612).
El más bajo índice de prosperidad es el urbano Verde,
el ultimo registro data del 2012 (INEC); donde el 54% de los 221 municipios del
Ecuador solo cumplen con el estándar de áreas verdes de 9M2 per cápita recomendado
por la Organización Mundial de Salud (OMS); preocupando 88 cantones de la costa
litoral con temperaturas de 22 a 31°C en la estación seca (mayo-diciembre); 75%
de estos incumplen el estándar, sumado 4 cantones de provincias andinas de vida
ecológica subtropical; también provincias andinas como: Carchi de 6 cantones, 5
incumplen; y Loja de 16 cantones, 9 de estos tampoco; el contraste son
provincias amazónicas de supuesta esencia boscosa; Orellana con 4 cantones, 3 incumplen;
y Sucumbíos de 7 cantones, solo 3 alcanzan el estándar; la preocupación gira en
torno a que el estándar OMS no constituye prioridad urbana local-municipal, tendiendo
agudizarse en tiempos de calentamiento global, justo en territorios de alta intensidad
calurosa.
La aglomeración urbana poblando el Ecuador; 72 años
de registro intercensal de 1950 al 2022 aun no constituyen una prioritaria
política estatal, solo arreglos institucionales con el creado Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en 1994, cuya “prioridad” es la dotación
deficitaria de viviendas, tampoco superado con el neoconstitucionalismo del
2008, ni influida con la realizada Convención de Hábitat III al 2016 en Quito; esta
adopta una potente agenda a tono con la urbanización planetaria.
Contrario a esto, el neoconstitucionalismo del 2008
prioriza el enfoque del ordenamiento territorial, que al desarrollo urbano;
porque este jalona el exclusivo cumplimiento del plan de desarrollo nacional de
dominante centralismo estatal; la demanda de incluir una estatal política
urbana no es incidida por la plataforma municipalista de la AME (Asociación de
Municipalidades del Ecuador) o liderada por Quito único Municipio Metropolitano
que no termina en configurar una influyente política urbana de alcance nacional;
sosteniendo el caos con desigualdad urbana como constante en el Ecuador;
ninguna ciudad por aventajada que sea podrá ser sostenible; por esto se
requiere establecer más que un modelo urbano ecuatoriano, es un modelo local
con alto sentido de resiliencia que logre un fuerte poli centrismo nacional; el
ejemplo reciente es Portoviejo de Manabí dejándose encantar de la ilusoria
inversión privada, concediendo el espacio de lo que fuera aeropuerto para instalar
una capitalista ciudad comercial.
La aglomeración poblacional urbana contiene una estructural
marginalización y pobreza en las crónicas NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas); las reportadas por el censo del 2022 en lo nacional son el
39,8% (INEC), la urbana 27,05%, pero en provincias como: Esmeraldas, Manabí,
Santa Elena y Los Ríos llegan al 40%. La pobreza por ingresos a nivel nacional
es del 26,0%, la urbana del 18,4%. El Índice Gini (desigualdad por ingreso per
cápita familiar) a nivel nacional es de 0,457, la urbana 0,432. La pobreza
multidimensional a nivel nacional la tasa moderada (TPM) es de 37,3%, la urbana
23,0% (INEC, ENEMDU, 2024); situación que al mediano plazo no hay perspectiva,
ni prospectiva de superarlas incumpliendo compromisos nacionales y de los emblemáticos
ODS 2030.
Composición también provocada por un segmento
indeterminado de ilegalidad del suelo para edificabilidad, impidiendo
intervenir al municipalismo y al MIDUVI, lugar donde se asienta también la
violencia e inseguridad pública extendida a la privada y familiar, manifestada
mediante el robo o asalto a la población; aquí la posesión ilegal del suelo
sirve de control de grandes segmentos urbanos para el libre negocio del
narcotráfico interno, articulado al de exportación. Ilegalidad e informalidad
de a poco se va urbanizando para la formalidad predial clave de la propiedad
privada, la capacidad catastral es un mecanismo de control por el circuito
dominante de la estatalidad local, esta entra con fuerza donde “la dinámica de
los barrios cambia con el tiempo, al igual que la relación con la
administración pública. Inicialmente la lucha era por el reconocimiento del
barrio, luego por la conexión legal a los servicios públicos y, posteriormente,
por el alto costo de tales servicios y los impuestos que se derivaban de la
tenencia de la vivienda” (Giraldo, 2022: 90).
Estado de situación, donde la población no
controla, domina o usa la ciudad libre de manera cotidiana, restringida por la disputa
entre la estatalidad y la violencia organizada; esta provocación estructural
del dominio arreglada coyunturalmente con estados de excepción naturalizados
como nueva forma de gobernar; la inseguridad es un elemento sustancial para el
dominio, mantenerlo le da sentido a la vigente aspiración electoral que oferta
seguridad; este sentido del dominio estatal, la inseguridad-seguridad se
expresa en la propuesta vigente del endurecimiento estatal, debilitando o
vaciando el Estado de Derechos, constitucionalizando el dominio social y
control político, donde lo urbano queda ocupado militarmente antes que invertir
en estrategias de bienestar social de o para la población marginada.
Reestructurado por el régimen territorial sujetando
a las jurisdicciones internas al liderazgo del tradicional Cabildo español a
través del nivel de Gobierno Municipal o metropolitano anclado en Quito,
Guayaquil, Cuenca, capitales provinciales y centrales municipios urbanos como:
Duran, Milagro, Quevedo, Manta, Salinas, Libertad, Atacames, Sangolquí, Cayambe
y Otavalo; estructural condicionalidad desigual entre ciudades de primera que
son las nacionales, de segunda que están entre las centrales capitales provinciales
con las intermedias y a la cola todos los centros, más que urbanos de la
periferia rural.
Aquí la Constitución de Montecristi del 2008 no establece
de manera explícita el derecho a la ciudad, imaginario ausente en el Ecuador para
y por el uso privado o privatizado capitalista, implícito en el ordenamiento
territorial, conteniendo un sentido del control territorial-jurisdiccional
dotador de infraestructura y servicios sin convenir mejorar la organización
espacial. Tampoco la ciudad se ensancha para la residencialidad, sino inducida
por y para el poder degenerado por el industrialismo sustituto y des― planificado,
transformada en uso inmobiliario y comercial a la actualidad, sin que en esta
se hayan definido morfologías que le den sentidos u orientación por densidades
demográficas crecientes, concentración y acaparamiento de tierras, extendida al
empobrecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, incluso
aportando a generar violencia y conflictos en lo rural, debilitando los
sistemas agroalimentarios locales.
Agravando al factor transporte de la producción alimentaria
destinada a la aglomeración urbana, recorriendo distancias desde el campo hasta
la ciudad; en lo local entre 20 a 100 km, en lo nacional hasta 900 km; esta situación
deteriora el estado de alimentos y frutas frescas, abastecimiento disminuido en
el intercambio suplantado por las capitalistas redes comerciales
agroalimentarias, comprimiendo a los mercados municipales en marginales
abastecedores intra locales.
Factor alimentario estructurante de una nueva forma
de acumulación de capital expansivo-invasivo campo-ciudad; al campo, concentrando
suelo productivo completando el control de la cadena productiva y de valor; y la
invasión urbana, concentrando abastecimiento alimentario, ligado o aprovechado en
las agrarias ciudades ecuatorianas que siguen consumiendo productos frescos, incluso
mantiene siembra y producción alimentaria contribuyente de la pobreza urbana, generando
entre el 15 y el 20% de producción agrícola urbana (Heinrich-Böll-Stiftung,
2024).
Todas pretensiones de homogenización con sentido de
hegemonizar trabadas por la carente infraestructura y servicios para uso
poblacional urbano; a pesar de las carencias, cumple un doble propósito en la producción
del espacio generando monetización por y para las actividades económicas y con
los supuestos servicios sociales mediante el cobro o pago de tasas; volviendo al
Estado un agente generador de capital y no de bienestar; servicios elementales
como la dotación de agua para consumo humano tiene el mismo o mayor valor que
la de uso industrial; igual que la evacuación de aguas servidas; dotación de la
deteriorada y frágil vialidad; deficiente o interrumpida por apagones de la luz
eléctrica y de conectividad; precaria y reducida habitabilidad; hasta los
supuestos servicios universales como salud y educación que mantienen brechas y
rezagos son reemplazados por ofertas privadas generadoras de capital; todo esto
mantiene pendientes satisfacciones básicas (NBI) primer estadio de desarrollo;
el segundo para que sea sólido y estable depende de las devastadoras variables
de acumulación y de la ausente o inexistente política urbana que complete la
ciudad en sus diversos niveles y contextos; hasta eso, todos los esfuerzos de
planificación o asistencia estatal serán emergentes.
Este complejo desorden organizado, la evidencia es
Guayaquil, ciudad que alberga la mayor población urbana nacional (2.650.288 –
INEC, 2022), consecuentemente concentra el 25% del PIB nacional (BCE, 2020); en
contraste registra también alta informalidad del acceso al suelo para vivienda
social, extendida en acumular históricas necesidades de servicios sociales
espacialmente desiguales, baja generación de pleno empleo; como corolario, la
pandemia del COVID 19 focalizó los mayores casos de afectación y fallecimientos,
culminando ser centro de la violencia organizada histórica y actual nacional.
La excepción a esta regla son realidades locales distintivas
en Cuenca, no Azuay, y Tungurahua provincia; cada una con sus propias dinámicas
locales sostenibles por voluntad y decisión política de la gobernanza local con
clave participación social-local; en detrimento de iniciativas que dependieron
del gobernante local y sin sostenibilidad social, Guamote de Chimborazo (1992)
y Cotacachi de Imbabura (1996), disueltas al terminar los periodos de gobierno
de sus impulsores.
Cuenca ha logrado desarrollar una cultura local con
sentido de autonomía en algunos servicios de orden público, por esto el estudio
de Prosperidad Urbana del 2016 la destaca entre 27 ciudades calificadas
mediante la rueda de seis índices, ubicándose en el primer lugar con 61,4/100
declarándola moderadamente sólida; paradojalmente en la potencialidad está el
límite, debido que los desarrollos locales del Ecuador se encierran en sí y
para sí mismo, terminando de sucumbir al dominio nacional.
El caso Tungurahua tiene un sentido más que de
división, de distribución social y territorial no solo del trabajo, sino de
actividades evitando competir entre pares cantonales, tendiendo a especializarse
y complementarse; este “modelo” data del año 2000 por decisión del gobierno
provincial, contando con actores claves que no son del exclusivo dominio
político-electoral, rebasando la institucionalidad formalmente constituida,
dándole un sentido de gobierno territorial con objetivos provinciales;
incorporando una innovación estableciendo instancias más allá del marco
normativo vigente, como la Cámara de Representación Provincial y una Junta de
Gobierno, haciendo realidad la gobernanza, que es la alianza estratégica entre:
capital social (intervención privada en lo público), gobernabilidad (estabilidad
política y ausencia de conflicto por la disputa del control político de la
provincia) y gobierno (provincial, municipales, parroquiales y el central) que
hacen coherente la acción pública mediante acuerdo y agenda provincial,
sustentada en tres prioridades (pilares): Agua, Gente y Tierra; prioridades que
se transformaron en Parlamentos, donde todos empujan en función de esas
prioridades; los desarrollos territoriales son tangibles por voluntad y
decisión política, planificación, transparencia y clave participación
ciudadana.
Gobernanzas locales subsumidas y enfocadas no solo
en lo social o político, sino en la mejora económica, ajustada a lo definido
por Arocena (1995: p. 9), referente que la Sociedad Local, es aquella, “cuando
es portadora de una identidad colectiva expresada en valores y normas
interiorizados por sus miembros y cuando conforma un sistema de relaciones de
poder constituido en torno a procesos locales de generación de riqueza. Dicho
de otro modo, una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio
limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados”.
Por todo lo dicho, la debilidad del urbanismo
ecuatoriano radica en sí mismo, como en el estructural carácter centrípeto que le
impide sobrevivir sin y de su periferia rural que la circunda; por lo que ningún
escenario urbano, aunque sea parte de la malla concéntrica, no puede, tampoco
debe de prescindir de la periferia rural; ruralidad subordinada, dispersa y
desorganizada.
La rural dispersión espacial desorganizada del Ecuador
Lo rural en su amplia acepción, se define o concibe
al espacio que “abarca un conjunto de territorios en el que se asientan
pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y
cultivados, patrimonio cultural, capital social, donde la población desarrolla
o se desempeña en los distintos sectores económicos como el agropecuario, la
pequeña y mediana industria, la artesanía, el comercio, los servicios, la
minería, el turismo, entre otros” (García y Quintero, 2009: 201).
El colonial periodo ecuatoriano no solo produjo el
gran despojo de tierras y territorios a los pueblos y naciones originarias; en
este se estructuró el sistema hacendatario en la región andina y luego en el
litoral, que marcó el dominio social, económico y político de las clases
terratenientes desde mediados del siglo XVIII hasta la época de las reformas
agrarias en los años 60 y 70 del siglo XX, y que persistió en la concentración
en manos de los grandes propietarios agroindustriales o latifundistas a fines del
siglo XX e inicios del XXI (Hidalgo, 2024: 266).
Este despojo y concentración de la tenencia de
tierras en la republica paso de “legítimos” posesionarios, a legalizar
posesiones acumuladas a partir de 1861 a través del Código Civil otorgando escritura
pública registrando la capitalista propiedad privada, y con el régimen comunal
de 1937 legalizar también tierras colectivas; antecedentes de las reformas
agrarias de 1964 y 1973, modificada mediante Ley de Desarrollo Agropecuario en
1994, incorporando la Ley de Soberanía Alimentaria en el 2010, culminando con
la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales (2016) y su Reglamento del 2017.
Este legalismo de más de un siglo no ha modificado
el acceso equitativo de la tenencia de la tierra disputada durante toda la
república; disputa que sigue priorizando el despojo o acumulación por desposesión
dicha por Harvey (2006:153) citando a
Marx en los orígenes del capitalismo, “esta incluye la privatización de la
tierra; la expulsión de poblaciones campesinas; la conversión de las distintas
formas de propiedad en propiedad privada; la supresión de los recursos
comunales; la eliminación de formas alternativas de producción y consumo; la
apropiación colonial de los recursos naturales; la monetarizacion y la
tributación; el tráfico de seres humanos; la usura y el endeudamiento a través
del crédito”. Estatus legalista que le asigna funciones sociales a la tierra
privada y comunitaria, a esta última induciéndola al productivismo por y para el
uso y explotación capitalista como patrón de acumulación.
Consolidada la acumulación por desposesión (Ibidem,
2006), en la ruralidad se estructura el segmento más pobre poblacionalmente de
la sociedad ecuatoriana; las NBI llegan a 61,45% (INEC, 2022) a nivel nacional,
y en más del 50% de provincias superan el 70% llegando hasta al 88% para
Orellana y Manabí; la pobreza por ingresos es del 42,3%. El Índice Gini es
0,470. La pobreza multidimensional es el 67,9%. (INEC, ENEMDU, 2024); siendo el
área de mayor pobreza poblacional; paradójicamente lo rural genera las mayores
riquezas: el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son el
10% del PIB nacional (Banco Central, 2020), sumado el 7% en minas y petróleo;
rubros extremadamente significativos del escenario de donde proviene-produce; además,
contiene población que sigue generando la totalidad alimentaria
del mercado interno, endosándose subsidios directos al consumo alimentario urbano
y nacional.
Situación que no contribuye superar y establecer justicia
social y étnico territorial, ni por instrumentos internacionales con el
suscrito Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
1998 (Artículos: 8, 9 y 10), referente a procedimientos consuetudinarios que
las autoridades comunitarias, pueblos y nacionalidades indígenas aplican en sus
territorios ancestrales, denominado como derecho propio aplicado de manera
continua dentro de las comunidades. Tampoco el tratado suscrito e incorporado
en Montecristi (2008), la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, como parte del ordenamiento jurídico nacional (Art. 34) establece
que, “las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador tenían tutelado el
derecho a impulsar y conservar sus organizaciones a través del respeto a sus
propias costumbres y procedimientos internos practicados, manteniendo
conformidad y respeto con las normas de índole internacional en materia de
derechos humanos”.
Debido a que el proyecto de Estado nacional se adecuó
para imponer el dominio pos colonial mediante una élite gobernante oligárquica serrana
por asiento colonial; con el independentismo y república disputa participación
la costa, lograda con la intervención de la revolución alfarista que empató
dicha participación mantenida a la actualidad, sin que se haya disuelto la exclusión
social-rural; situación mostrada en la obra Huasipungo, relato que reconfigura
el colonial Concertaje de autoría de Jorge Icaza publicado en 1934; como arreglo
compensatorio, es la legal proletarización campesina sin superar la situación de
precarización con salida estatal promulga la Ley de Comunas en 1937 y el Código
del Trabajo en 1938.
La Comuna legalizada cumple un doble propósito de
control social dominante; amortiguar la resistencia rural, y darle un estatus
de autogobierno de encierro sin contribuir a la mejora de la organización
espacial, ni con la actual adopción de planes de vida establecido en el neoconstitucionalismo
del 2008, este también atribuye conformar circunscripciones territoriales rebasando
a provincias, cantones y parroquias; con esto se sella, donde lo urbano es la
centralización civilizatoria, subordinando y controlando al territorio de la dispersa
periferia rural de pretendida refundación del Estado-nación neo―
constitucional.
El otorgamiento de territorios comunales o
colectivos a la Comuna no es que sea un nivel máximo del derecho a la
propiedad, este lleva implícito el inducido uso, función o rentabilidad social;
caso contrario será motivo de reversión al Estado para el uso capitalista del
espacio; por esta razón los comuneros están impedidos a mercantilizar el suelo
y al carecer de estatus privado, no son sujeto de crédito financiero público o
privado; generando demanda de privatización del suelo para entrar a la dinámica
del capitalismo.
Las dispersas Comunas regadas en lo nacional
recuperan cierto sentido de organización comunitaria trabada en la república,
forma de organización que no fue pactada, ni acordada como continuidad comunal
autónoma al Estado institucional. El autogobierno comunitario con Cabildo no
fue dotado para su funcionamiento autónomo, contrapeso del gobierno civil
dominante, asignando al estatal Ministerio de Agricultura juez de última
instancia que dirima conflictos internos; además el periodo de duración-gestión
del Cabildo es de apenas un año, corto plazo que impide desarrollar planes
comunales con horizonte a mediano y largo plazo.
La estructurada dispersa periférica sociedad rural
es heterogénea y desigual, con territorios empobrecidos y dinámicas económicas
importantes como producto de la desigual configuración de las estructuras
agrarias y las desiguales iniciativas productivas de los actores locales
(Martínez, 2012: 123). Para el caso del Ecuador, los mecanismos de acumulación
de capital agrícola son variados; el tradicional recurso lo provee el suelo,
explotación de la mano de obra campesina, por transferencias del pequeño y
mediano productor al intermediario y a la cadena de agro alimentos y
exportadores; esta última evoluciona la agricultura salarial con la producción
bananera, tardíamente con la floricultura de invernadero, hasta llegar las
copadoras cadenas agroalimentarias; sin dejar de lado, que la tradicional sigue
regada y anclada a la alimentación de subsistencia extendida a cierta mejora
empresarizada del segmento avícola y ganadero.
Debilidades estructurales de la agricultura, la de
exportación, por la inestable condición primaria y la generación monetizada
sujeta a la oferta y demanda, sumado al reducido monopolio de exportación concentrada
territorialmente en las provincias: El Oro, Guayas y Los Ríos; dotada de
puertos estatales y privados, esta representa el principal rubro de exportación
no petrolero realizado por tradicionales grupos distintivos del poder
económico-político: exportadora Novoa y Reybanpac.
Agricultura dispersada en toda la ruralidad del
Ecuador, la del litoral conformada por la composición natural de la geografía, condición
que el republicanismo jurisdiccional de: provincias, cantones y parroquia indujo
una mayor fragmentación espacial, provocando la marcada frontera y brechas
rural-urbana intra- jurisdiccionalmente; diferente a lo andino, aquí la
comunalidad es factor común, contribuido por el sometimiento colonial, haciendo
de la dominación otro factor común sostenido a la actual composición diversa de
pueblos o nacionalidades; es en la transición contemporánea de jurisdicción
republicana, que la comunalidad andina y amazónica subordina para el dominio o
control político local de preponderante población de pueblos y nacionalidades.
Lo hasta aquí abordado identifica tres periodos
determinantes: 1. El desarrollismo con reformas agrarias no modernizó al agro
de manera horizontal, 2. Tampoco la introducción de la segunda colonización de
dimensión planetaria a través del paquete de agroquímicos denominada “Revolución
Verde” liderada por EE. UU, justificado en aumentar la producción agrícola con
especies de arroz, trigo y maíz para conseguir variedades más productivas para
satisfacer la demanda alimentaria mundial; revolución verde de consecuencias
devastadoras, responsable del calentamiento global y de difícil salida a la que
está sometido el Ecuador; y 3. con la desestatización neoliberal de supremacía
del mercado, privatización o participación privada; todos periodos que consolidan
la división del trabajo agrícola que refuerzan la acumulación agroexportadora,
dejando a la minifundización la producción y abastecimiento alimenticio
nacional-local configurador rural de la pobreza, endosándose subsidio
alimentario destinada para la aglomeración urbana nacional.
Por lo anotado en el Ecuador rural no se estructura
una nueva espacialidad organizada, solo es un territorio geográfico proveedor
de recursos naturales sin que tome en cuenta que este ha gestado un proceso
complejo de construcción histórico-social de patrimonio territorial y cultural,
capital social, y saberes acumulados; alberga infraestructura y servicios para
los procesos productivos, capacidad institucional, acervo tecnológico, como
activos tangibles e intangibles del espacio nacional.
La dominante planificación territorial en la
producción espacial del Ecuador
La planificación estatal del territorio a la ecuatoriana,
es un recurso y uso instrumental incorporada como noción de “previsión” asociada
a una etapa dentro de un ciclo de administración del Estado, calculando el
porvenir, específicamente en la utilidad y validez en relación con el Estado
del “Gobernar es prever” (Fayol, 1916); uso instrumental con ciertos logros de
gobernabilidad territorial en la lógica de la reafirmación centralista de dominación
estatal nacional, situación sin ser nueva en cuanto a la “centralización
política y descentralización administrativa” (Ayala, 2002) como fórmula de
dominación en el Ecuador, presente ya en los gobiernos del progresismo de
finales del siglo XIX.
Es el desarrollismo que profundiza el uso
instrumental de la planificación estatal como mecanismos de control y favorable
a la acumulación del capital con el consecuente empobrecimiento poblacional;
sino fuere por la explotación intensiva de los recursos del suelo y subsuelo,
el empobrecimiento poblacional sería profundo, ya que la acumulación del
capital se fija en extraer renta a la contradicción capital-trabajo, como a la
explotación de los recursos naturales y estatales, mecanismo que evita cumplir la
justicia tributaria de los dueños del capital.
Esta planificación estatal se inicia con la Junta
Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA) y el primer plan
nacional de desarrollo en 1954, readecuando, no las brechas sociales y
territoriales, sino los procesos de acumulación nacional, ligado al
internacional; debido que la economía del Ecuador no se basa en lo que genera
internamente, sino en su vocación agroexportadora, atrayendo importación
innecesaria inducida por bienes de capital (industria) y suntuaria (de consumo)
manteniendo déficit en la balanza de pagos o intercambio comercial; ratificando
que la economía nacional no es generada por el trabajo humano, sino por los
recursos del suelo, subsuelo y el mar explotado por el capital y el Estado.
Planificación estatal que redefine la geografía de
poder de dominio interno, determinando categorías y subcategorías espaciales
para las jurisdicciones-territorios tanto centrales y urbanas, como para la
periferia, dependiendo del peso específico poblacional, económico y político
anclados al dominio estatal-centralista, decidiendo para la periferia
categorías sub- espaciales distribuidas: 1. URBANOS, con prioridad los
centrales, subordinando a los intermedios y locales; 2. PERIFERIE ACTIVA RURAL,
destinada para el mercado interno, agroexportación, petróleo y minería
exportable; y 3. PERIFERIE PASIVA, reservada para selva, territorios indígenas
y del latifundio tradicional (Deler, 1978:100-102).
Geografía de poder que indujo la modificación y
fragmentación de la división interna en provincias y cantones; entre 1950 a
2024 de 18 provincias se pasa a 24 y de 90 a 221 cantones. La región andina no
incrementa provincia, en cantones de 47 pasa a 91 (51,65% de incremento); la
costa de 6 pasa a 8 provincias, y en cantones de 34 a 89 (62% de incremento).
La Amazonia, de 2 provincias pasa a 6, y en cantones de 9 a 41 (78% de
incremento); las provincias que más cantones incrementan, en la sierra Azuay de
6 a 15, en la costa Esmeraldas de 2 a 7, y la amazonia la fragmentación es desproporcionada,
de 9 a 41 cantones; solo Galápagos reduce de 4 a 3 cantones.
Esta composición jurisdiccional, la provincia se constituye
en la ficcional globalidad de cantones; los cantones la globalidad de
parroquias rurales; estructuración provincial que el Estado nacional no logra,
menos la dota de la estatal organización espacial-jurisdiccional y política con
sentidos de autodominio que pudiera entrelazar cantones; excepcionalmente
Tungurahua se induce con la malla vial integrada, modelando una adecuada
división especializada de la producción y el trabajo por cantones.
Estructuración de provincias sin ser demandada al
Estado nacional, es la Ley de división territorial de 1824 crea 7 de las
actuales 24; este provincialismo es reivindicado por cada prefecto electo de
manera aislada, formalmente en conjunto por la plataforma CONGOPE (Consorcio de
Gobiernos Autónomos Provinciales); los enlazamientos conformados son por flujos
vecindarios tradicionales creado por afinidades poblacionales o productivas;
condición objetiva que guio la conformación de las zonas de planificación que justificarían
la constitucional disuelta región desde el 2008; regionalización que hubiera
conformado el necesario gobierno intermedio entre el nacional y los locales,
alterando la desgastada tradicional forma: provincias, cantones, parroquias
conformadas por las élites local-regional.
A lógica provincialista, la casi totalidad de las
capitales provinciales se ensancharon poblacionalmente constituyéndose en
centralidades atractivas jalonando población de sus periferias cantonales y
ruralidad, salvo Manabí y Los Ríos que lo han hecho entre dos ciudades
intermedias: Portoviejo-Manta y Babahoyo-Quevedo.
Modificaciones y/o fragmentaciones que el registro
censal del 2022 ratifica la tendencial preponderancia urbanización poblacional,
provocando o reafirmando morfologías sociales negadas por la república, como la
condicional justificación constitucional del 2008 referida a lo plurinacional e
intercultural, induciendo la autoidentificación étnica diferencial entre lo
urbano y rural; en lo urbano se asienta la dominante población mestiza del 83,9%,
disminuida al 66,5% en lo rural; esta última por la significativa
representación indígena del 15,4%, sumada la montubia del 12,9% y la afro del 4%;
deduciendo que la composición poblacional urbana culturalmente es medianamente
“homogénea” y en lo rural más diversa por el asiento identitario reivindicado
históricamente por pueblos y nacionalidades.
Morfologías sociales asiento de estas dinámicas
sociales ya conformadas desde la colonia y república, en estas no fue tomado en
cuenta la marcada diferencialidad regional sierra-costa-amazonia, siendo
homogenizadas por la dominante matriz de Estado y unidad nacional en los
conformados movimientos sociales de carácter nacional ligados a la
contradicción capital-trabajo en obreros y campesinos; diferencialidad regional
ecológica, también es social y antropológica; la dominación forzó actuar y
comportarse de manera homogénea, gestando movimientos sociales de alcance e “incidencia
nacional”, negando o debilitando la constitución de movimientos sociales de
actuación regional-local; este dominante Estado nacional homogenizó y
hegemonizó a los movimientos sociales despojándolos de contenido diferencial
regional, sectorial, étnico, o rural-urbano. A esta matriz de dominación se
resiste el ancestral potente movimiento indígena, ya que su fuerza radica en lo
comunitario y no en el centralismo nacional, tampoco en la contradicción capital-trabajo.
Movimientos sociales reducidos a demandar pobrezas
y carencias, sin capacidad y fortaleza de modificar el statu quo dominante; reacción
de contención y sin repercusión en las políticas estatales; solo el movimiento indígena
por concentrar demandas estructurales de carácter étnica-social y de disputa
política que no interfiere en las formas o mecanismos de acumulación de capital
que no sea la presupuestación estatal.
Agotado el ciclo estatista del desarrollismo de los
50 del siglo XX del Ecuador y la región, este es abandonado y reemplazado por el
planetario neoliberalismo de los 80; este encanta con el paradigma del “crecimiento
con equidad”, al que sucumbió hasta el izquierdismo que abanderaba la “toma del
poder”, convertido al electoralismo de la mano del retorno “democrático” de
1979, aliado coyuntural de la socialdemocracia que apostaba ficcionalmente a la
vigencia de la democracia liberal, economicista y defensora del Estado mediante
políticas sociales asistencialistas sin logros radicales; democracia electoral “legitimada” a corto plazo y desgastada
por beneficiar a la élite, instalando una viciosa permanente relegitimación.
Relegitimación electoralista de supuesta “modernidad
estatal” asociada a la neoliberal desconcentración y descentralización, como a
la “progresista” zonificación y distritalización del siglo XXI que traban la
configuración espacial del des- territorializado Estado; tampoco los obligados ejercicios
de “planificación territorial” desde el 2014 han cumplido armonizar la
articulación de los niveles de gobierno multinivel: provincial, municipal y
parroquial que hayan superado inequidades y establecido un cierto poli
centrismo nacional sin alterar los patrones de preponderancia urbana;
estructuración que mantiene o profundiza desigualdades territoriales-jurisdiccionales
desligadas de las dinámicas de la economía nacional y más de la territorial.
Romper esta constitucionalidad del 2008 referida a la
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, esta constitucionalizó las jurisdicciones
internas controladas centralmente en niveles de gobiernos: regional,
provincial, municipal o cantonal y parroquial; aunque contemple regímenes
especiales, ambiental en las Galápagos y Circunscripciones Territoriales de
autogobiernos plurinacionales, presupuestos trabados estatalmente, que hayan conformado
efectivas mancomunidades, distritos metropolitanos, sino seguir sujetados a
asignadas competencias restringidas sin cabida para el autodominio; solo ordenando
el territorio mediante la dotación y administración de infraestructura y
servicios sin pertinente organización espacial, condicionado y sometido a la
presupuestación de la hacienda nacional, a excepción de Quito, Guayaquil y
Cuenca con presupuestos de mayoritaria renta propia.
Caracterización contemporánea modelada
y avalada por el pensamiento latinoamericano con la participación activa y
directa de científicos, académicos y la CEPAL, legitimando la elaboración e
implementación de los planes de desarrollo y crecimiento nacionales y
regionales con la fundación de las primeras agencias nacionales de
planificación, la elaboración de sofisticadas estrategias de crecimiento
económico y la compilación de manera sistemática de voluminosas estadísticas
nacionales, responsabilidades que asumieron mayoritariamente los técnicos, y
también los académicos de la región (Nahón, et al., 2016: 350).
El abordaje
de estructuración y configuración espacial rural-urbana del Ecuador, está
estructuralmente cruzada por periodos y sectores económicos-políticos de control
estatal y acumulación de capital; la preponderancia urbana regida por una
capitalista élite no se constituyó en generadora, sino concentradora del
capital, aprovechando los recursos naturales y de la periferia nacional de
asentamiento rural, de nacionalidades, pueblos y comunas; trabando una adecuada
organización espacial policéntrica por el pendiente Acuerdo Histórico de un
verdadero y efectivo Estado-nación.
Conclusiones
El
corolario del presente ensayo de la estructuración rural-urbana del Estado nacional
se reduce a la configuración republicana de jurisdicciones, en: provincias,
cantones y parroquias, superpuesta a una adecuada y convenida organización
espacial convertida en disyuntiva estructural de ausencia o presencia del
Estado y el capital en la producción del espacio.
Es el desarrollismo de los 50
del siglo XX que le da sentido de modernidad a la estatalidad, sucumbiendo al dominio
de la élite dirigencial burguesa creada con ficción industrialista sustituta de
importaciones, desencadenadora de la aglomeración poblacional, creadora del
caos urbano como sentido de supremacía espacial.
La compleja estructuración socio
territorial rural-urbano no procesó, ni organizó la demanda histórica, tampoco la
coyuntural por restringida oferta de la estatalidad dominante como mecanismo de
legitimidad continua, manteniendo márgenes de insatisfacción socio territorial constante
a la actualidad.
Sentenciando el sacrificio
rural-urbana sin logro del poli centrismo nacional, profundizando asimetrías
entre las macro manchas urbanas vs el despoblamiento de la periferia urbana,
mucho más de la rural-ancestral-comunitaria nacional.
Además el escenario futuro de
creciente urbanización es perdida de soberanía y seguridad alimentaria despojada
por el monopolio de las cadenas agroalimentarias; situación que requiere
modificación no solo jurisdiccional, sino de organizar la gran mancha urbana que
detenga los excesos de aglomeración poblacional, revitalizando la urbanización en
ciudades intermedias, requiriendo reales Distrito Metropolitanos o
conurbaciones con sentido policéntricos inter- cantonales, hasta
interprovincial, entre:
§
Quito,
conformado con Mejía (Machachi), Rumiñahui (Sangolquí), Cayambe y Pedro Moncayo;
§
Guayaquil
con Duran, Samborondón, Nobol y Daule;
§
Cuenca
formando un corredor hasta Azogues;
§
Ciudad
Alfaro en Manabí: Portoviejo, Manta, Montecristi, Jaramijó, Rocafuerte, Santa
Ana y 24 de mayo;
§
La
triada peninsular entre Santa Elena, Libertad y Salinas;
§
Los
cuatro de Imbabura: Ibarra, Antonio Ante, Otavalo y Cotacachi;
§
Además
de reforzar el modelo Tungurahua extendido a Lasso, Latacunga y Pujilí.
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