RESUMEN
Esta investigación examina el impacto y
efectividad de las políticas públicas en Ecuador tras la Constitución y la Ley
Orgánica de la Educación Superior (LOES), enfocándose en el acceso a la
Educación Superior. Analiza cómo estas normativas buscan garantizar equidad,
calidad e inclusión en el sistema universitario, enfrentando desigualdades que
restringen el ingreso de muchos aspirantes. Se revisa y compara la normativa
Constitucional de 1998 y 2008 para identificar disparidades en el acceso a la
educación superior, y se realizan entrevistas a actores clave. Este enfoque
permite identificar avances en la educación como un derecho fundamental con
igualdad de oportunidades, y evaluar procesos de acceso y becas. La metodología
empleada es mixta; cualitativamente se analiza la normativa jurídica, y
cuantitativamente se incorporan datos de la SENESCYT y entrevistas a expertos
en educación, revelando la eficacia y las limitaciones de las políticas
públicas implementadas.
ABSTRACT
This research
examines the impact and effectiveness of public policies in Ecuador following
the Constitution and the Organic Law on Higher Education (LOES), focusing on
access to higher education. It analyzes how these regulations seek to guarantee
equity, quality, and inclusion in the university system, addressing
inequalities that restrict the admission of many applicants. The constitutional
regulations of 1998 and 2008 are reviewed and compared to identify disparities
in access to higher education, and interviews are conducted with key actors.
This approach makes it possible to identify advances in education as a
fundamental right with equal opportunities and to evaluate access and
scholarship processes. The methodology used is mixed; the legal regulations are
analyzed qualitatively, and data from SENESCYT and interviews with education
experts are incorporated quantitatively, revealing the effectiveness and
limitations of the public policies
implemented.
Keywords / Palabras clave
Acceso a la educación superior,
políticas públicas, principio de igualdad, calidad educativa
Access to
higher education, public policies, principle of equality, educational quality
Introducción
Como señala el autor (Pablo Beltrán Ayala,), para que la Educación
Superior cumpla efectivamente su propósito social, es necesario concebirla
desde una perspectiva que articule tanto su dimensión utilitarista como su
función emancipadora. En este sentido, resulta primordial identificar las
necesidades de desarrollo del país sin desatender los intereses, aspiraciones y
preferencias de cada miembro en la sociedad, de modo que se permita garantizar
una oferta académica pertinente y un acceso justo, respetando la soberanía del
consumidor educativo. No obstante, esta visión liberal de la educación es
limitada, ya que la Educación Superior genera beneficios sociales que van más
allá del individuo. Estos efectos colectivos obligan a verla también como un
bien público y justifican la intervención del Estado en su regulación y acceso.
En ese orden de ideas, el autor sostiene que la
educación superior no puede entenderse únicamente como un bien de consumo
individual orientado a satisfacer intereses personales o a obtener beneficios
económicos, debido a que esta visión limita su papel social y reduce su valor a
una lógica del mercado que desvirtúa su función principal: garantizar la
formación integral de los jóvenes que aspiran ingresar a estudiar una carrera
universitaria y poder tener acceso a una educación de calidad.
La presente investigación orienta su interés en
evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas en el Ecuador
desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la
Ley Orgánica de Educación Superior (2010), focalizando su atención en los mecanismos
de ingresos a la educación superior. Este análisis permite visibilizar las
limitaciones y desafíos que aun persisten en materia de igualdad de
oportunidades y, además de buscar propuestas que coadyuben la inclusión y
calidad educativa del país.
El análisis parte del reconocimiento del acceso a
la educación como un derecho fundamental. En ese sentido, el artículo 26 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008) consagra lo siguiente; La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo. (pág. 17)
En este contexto, considerando el marco
constitucional vigente, se analiza si las políticas públicas implementadas
durante los últimos años han logrado reducir efectivamente las barreras de
acceso a la educación superior, especialmente desde una perspectiva de igualdad
de oportunidades, inclusión social y justicia educativa. Para ello, se
incorporan datos normativos y cuantitativos que respaldan el análisis desde un
enfoque empírico y jurídico.
El objetivo se enfoca en identificar las
discrepancias entre el principio de equidad para acceder a la educación
superior y las condiciones estructurales que limitan su cumplimiento efectico
en diversos sectores sociales. Por ello, se adopta un enfoque comparativo, donde
se abordan tres áreas principales que permitirán conocer los mecanismos y
efectividad de las políticas públicas implementadas en torno a la educación,
considerando: Primero) Estudio comparado de las reformas de la Constitución de
1998 y 2008 con fundamento a la educación superior y el principio de igualdad
de oportunidades; Segundo) Equidad educativa, examinando las brechas en el
acceso a la universidad considerando factores pedagógicos, socioeconómicos y
estructurales y Tercero) inversión presupuestaria por parte del Estado sobre
las bases de la educación superior, evaluando la evolución del presupuesto
estatal durante el periodo 2021-2024, así como la asignación de becas
universitarias y oferta de matrículas.
En correlación argumentativa, partiendo desde el
primer eje de análisis comparativo del marco normativo entre la Constitución de
1998 y 2008, se evidencia un avance significativo en el reconocimiento y
protección del derecho a la educación Superior; donde su transformación de
marco jurídico constitucional refleja una variación sustancial en la visión
estatal frente a la educación, donde transita de una concepción de la educación
de un servicio público condicionado y garantizado de manera limitada, hacia la
transformación y reconocimiento como un derecho humano fundamental e irrenunciable,
cuya responsabilidad no solo recae en el individuo, sino también en el
Estado.
En la Constitución Política de la República del
Ecuador de 1998, se establecía que:
“La educación es un derecho irrenunciable de las
personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un servicio
público, área prioritaria de la inversión estatal [...] El Estado garantizará
la libertad de enseñanza y cátedra” (Constitución Política de la República del
Ecuador, 1998, art. 67)
La Constitución de 1998 reconocía a la educación
como un servicio público y un derecho inherente de las personas a lo largo de
toda su vida, debido a que garantizaba la libertad de enseñanza y solo se
ofertaba la gratuidad de acceso a la educación en los niveles primario y
bachillerato en las instituciones públicas. No obstante, esta normativa no
establecía con certeza la obligatoriedad Estatal, al no contemplar mecanismos
legales que garantizaran su responsabilidad directa con el derecho al acceso a
la educación superior. En realidad, el acceso a la gratuidad durante la
formación de tercer nivel se encontraba condicionada por factores de mérito académico
y socioeconómicos, que no ofertaban un cuerpo legal vinculante que asegurara de
forma efectiva el derecho educativo. En contraste a la Constitución de 2008 que
establece que:
“La educación es derecho irrenunciable de las
personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área
prioritaria de la inversión pública” (Constitución de la República del Ecuador,
2008)
La actual Constitución representa un avance
primordial en la concepción constitucional de la educación donde destaca un
amplio enfoque estatal, estableciendo a la educación como un deber inexcusable
y un derecho irrenunciable no solo que corresponde al Estado, sino que también
es parte de la sociedad y la familia. Esta nueva perspectiva enfoca a la
educación como un derecho primordial, vinculada con principios éticos,
pluralistas, democráticos que orientan a la educación hacia el respeto a los
derechos humanos. A continuación se presenta un análisis comparativo de la
evolución de las constituciones en torno a la educación y los cambios
sustanciales sobre su aplicación:
Tabla 1. Comparativo Constitucional 1998 vs 2008
|
Criterio
|
Constitución Política de la República del Ecuador de 1998
|
Constitución de la República del Ecuador 2008
|
|
Naturaleza
|
Derecho y
deber del Estado
|
Derecho,
deber inexcusable y servicio público
|
|
Responsabilidad
|
Estado,
familia y sociedad
|
Rectoría
principal del Estado; corresponsabilidad social y familiar
|
|
Acceso a Educación Superior
|
Basado en
mérito académico; libertad de creación universitaria; los estudiantes podían
pagar si lo decidían.
|
Derecho
garantizado, acceso universal, equitativo y gratuidad hasta el tercer nivel.
|
|
Libertad de Enseñanza
|
Libertad de
enseñanza y creación de instituciones privadas.
|
Libertad de
cátedra e investigación bajo control estatal de calidad.
|
Elaborado por: Ab. Nevarez Mayra
En segundo enfoque aterriza sobre la equidad
educativa, específicamente sobre las disparidades que aun persisten en la
educación, mismas que condicionan el acceso; especialmente durante le formación
secundaria ya que estos son los estudiantes que aspiran al término de su
educación acceder a una carrera universitaria, particularmente entre educandos
de colegios privados y fiscales. Estas brechas no solo se enfocan por la
calidad pedagógica, sino que también hay factores estructurales y económicos
que repercuten en el rendimiento y preparación académico de los aspirantes.
Recordemos que el acceso a la educación superior es por medio de pruebas
estandarizadas en las que muchas veces los estudiantes de preparación fiscal no
tienen las mismas oportunidades para su formación y si bien es cierto estas
pueden repercutir en su resultado ya que las posibilidades de acceder a una
educación superior pueden verse limitada
Los estudiantes de colegios fiscales, en algunos
casos carecen de formación integral para enfrentar exámenes de admisiones
estandarizados, que en definitiva suelen beneficiar a quienes disponen de
mayores recursos y formación específica. Esto se vuelve en un factor que puede
influir en las oportunidades de ingreso y subraya la necesidad de políticas y
medidas que un acceso mas equitativo para todos los aspirantes.
En orden de ideas, la equidad educativa no solo
significa eliminar las barreras de ingreso, mas bien debe centrase en superar
todos los desafíos previos que limiten la igualdad de oportunidades como señala
el Artículo 11, numeral 2 de la (Constitución
de la República del Ecuador, 2008) que expresa:
“Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma
de discriminación.”
Este principio lo que pretende es que el Estado
pueda garantizar condiciones equitativas adaptadas a las necesidades de cada
estudiante, considerando la implementación de medidas inclusivas que garanticen
el real y fiel cumplimiento de lo que expresa el artículo 11, numeral 2 de la
Constitución donde todas las personas tienen los mismos derechos y
oportunidades de acceder a una educación basada con respeto y justicia social y
que nadie puede limitar que otros gocen de sus derechos.
En respuesta a lo expresado anteriormente, es
pertinente señalar que el Estado ecuatoriano ha implementado diversas políticas
públicas orientadas a nivelar las condiciones de los estudiantes provenientes
de contextos con menores oportunidades. Un ejemplo significativo es la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente desde 2010, que establece la
obligación del Estado de garantizar un acceso equitativo a la educación
superior y promover acciones afirmativas que permitan enfrentar las
desigualdades estructurales. La LOES reconoce, además, la función del órgano
rector de la política pública de educación superior y becas, quien tiene la
responsabilidad de definir los valores y porcentajes mínimos de las becas, sean
totales o parciales, y de actualizarlos periódicamente, con el fin de asegurar
la inclusión de estudiantes provenientes de distintos contextos
socioeconómicos.
El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)
representa un elemento clave que ha permitido gestionar el acceso a la
educación superior de manera justa e inclusiva, incorporando mecanismos de
asignación y nivelación de cupos, con la finalidad de lograr una mayor equidad
educativa. Según los datos estadísticos de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la oferta de asignación de cupos
universitarios se ha prolongado relativamente durante los últimos años,
variando entre 120,000 y 250,000 cupos. No obstante, la demanda de los
estudiantes ha crecido de manera progresiva, reflejando el incremento de aspirantes
de desean acceder a la Educación Superior:
Tabla 2. Proyección de Oferta de Cupos vs Inscriptos
|
Año
|
Cupos
Ofertados
|
Estudiantes
Inscritos
|
|
2020
|
221.353
|
523.300
|
|
2021
|
216.189
|
602.959
|
|
2022
|
252.206
|
603.993
|
|
2023
|
120.305
|
-
|
Fuente: (SENESCYT, 2024)
Elaborado por: Ab. Nevarez Mayra
Tabla 3. Tasa bruta de matriculación en Educación de Tercer Nivel
|
Años
|
Mujeres
|
Hombres
|
General
|
|
2019
|
19.33%
|
17.18%
|
36.59%
|
|
2020
|
19.80%
|
17.27%
|
36.98%
|
|
2021
|
21.55%
|
18.01%
|
39.56%
|
|
2022
|
22.39%
|
18.49%
|
40.88%
|
Fuente: (SENESCYT, 2024)
Elaborado por: Ab.
Nevarez Mayra
Este contraste evidencia una brecha entre la oferta
y la demanda, donde no todos los aspirantes logran acceder a la educación
superior, a pesar de los esfuerzos del Estado por ampliar la cobertura. Si bien
la oferta de cupos representa un avance notable, la creciente demanda demuestra
que la igualdad de oportunidades no depende únicamente de la disponibilidad de
espacios, sino también de la implementación efectiva de políticas públicas que
consideren las desigualdades históricas de los estudiantes y promuevan su
inclusión en condiciones justas y equitativas.
Durante los últimos años, en número de estudiantes
que decide ingresar a estudiar una carrera universitaria ha aumentado de manera
sostenida, mientras que la disponibilidad de cupos se ha mantenido
relativamente estable, como lo informa la secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innivación (Senescyt), con base en los registros de
estudiantes efectivamente matriculados en las instituciones de educación
superior del país.
Tabla 4. Estudiantes que postularon, pero no accedieron a un cupo
universitario
|
Año
|
Total, Oferta de Cupos
|
Total, Postulantes
|
Total, Accedieron
|
Total, que no accedieron a un cupo
|
% que no accedieron
|
|
2020
|
221.353
|
393.276
|
210.580
|
100.773
|
25.5%
|
|
2021
|
216,189
|
407.379
|
194.253
|
21.936
|
47.8%
|
|
2022
|
252.206
|
431.041
|
206.959
|
45.000
|
48.0%
|
|
2023
|
120.315
|
219.000
|
85.602
|
34.398
|
15.7%
|
|
2024
|
120.000
|
400.000
|
DNO
|
DNO
|
30%
|
Fuente: (SENESCYT, 2024)
Elaborado por: Ab. Nevarez Mayra
La alta demanda persistente por ingresar a la
educación superior en Ecuador, a pesar del aumento en la oferta, evidencia que
el problema trasciende la simple capacidad instalada. Esta antinomia se enmarca
dentro de las políticas públicas, donde un incremento en la oferta no se
traduce automáticamente en un acceso equitativo.
Como señalan (Castillo y Romero , 2025), “El acceso
a la educación superior en Ecuador sigue limitado por barreras económicas y
procesos de admisión inequitativos, lo que impide la igualdad de oportunidades
para miles de jóvenes” (págs. 99-120). Esta afirmación resalta que el verdadero
desafío persiste en las barreras económicas y procesos de admisión desiguales, donde
no solo se restringe el acceso a la educación superior, sino que también causa
un impacto real en miles de jóvenes ecuatorianos que tienen una aspiración de
acceder a un carrara universitaria. Cuando el sistema educativo no consigue
superar las barreras estructurales existente, se transforma en un ciclo de
desigualdad en que el contexto del estudiante se vuelve en un punto determinante,
muchas veces por encima de su esfuerzo o desempeño académico.
Por ello, resulta imprescindible que la evaluación
de las políticas públicas trascienda la mera cuantificación del aumento en la
cobertura e incorpore un análisis exhaustivo sobre la eficacia real de dichas
políticas para desmontar las barreras históricas que han sostenido la exclusión
de los sectores más vulnerables del acceso a la educación superior.
Finalmente, el ultimo enfoque se orienta a examinar
las limitaciones estructurales que aun enfrentan algunas universidades públicas,
debido a que se condicionan la capacidad de absorber el incremento en la
matricula estudiantil (ver tabla 4), como es evidente los datos estadísticos
reflejan que la oferta de cupos no satisface la demanda de postulantes, lo cual
refleja un desfase entre la demanda y la capacidad. Como refiere la secretaria
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt, 2024) la
infraestructura educativa y académico aún sigue siendo deficiente para cumplir
plenamente con las exigencias del nuevo paradigma educativa, lo que limita la
calidad y alcance del sistema.
En este contexto, es relevante vincular la
inversión gubernamental en las universidades públicas del Ecuador y las
oportunidades de acceso del educando a la educación superior, específicamente
mediante la implementación de becas que ofertan los gobiernos. Donde la
asignación de becas destinado a este sector permite identificar como las
políticas públicas buscar garantizar la equidad en el acceso y la expansión de
matrícula, a través de mecanismos de financiamiento y apoyo a los estudiantes.
Tabla 5. Inversión Gubernamental en universidades
públicas del Ecuador
|
Año
|
USD
|
Variación
Presupuestaria
|
|
2020
|
$1.286
millones
|
-
|
|
2021
|
$1.656
millones
|
28.78%
|
|
2022
|
$1.173
millones
|
29.17%
|
|
2023
|
$2.008
millones
|
71.18%
|
|
2024
|
$1.319
millones
|
-34.31%
|
Nota: Figura elaborada con datos tomados (SENESCYT, 2024)
Ecuador, durante los últimos años ha realizado una
inversión pública de manera significativa en torno a la educación superior,
aunque no notables variaciones en el presupuesto asignado (ver tabla 4) donde
el presupuesto destinado al sector educativo paso a $1.286 millones en 2020 a
una creciente de $2.008 millones en 2023, para luego reducir de manera
significativa a $1.319 millones en el año 2024. Estas variaciones muestran un
contraste, por un lado, el esfuerzo por parte del gobierno por fortalecer la
educación de tercer nivel y, por otro lado, los desafíos de sostenibilidad
financiera que afectan directamente al alcance, calidad e implementación de
dichas políticas focalizadas a garantizar un acceso equitativo a la educación
superior.
En este sentido, los recursos destinados a la
educación superior han mostrado una tendencia inestable, alcanzando su punto
más alto en 2023 y registrando una contracción en 2024. En paralelo, y con el
objetivo de mitigar las barreras de acceso, la SENESCYT (2024) reporta la
siguiente distribución en el número de becas entregadas por el Estado a
estudiantes de tercer nivel.
Tabla 6. Tasa bruta de becarios a educación de tercer
nivel
|
Año
|
Becarios
|
Mujeres
|
Hombres
|
Discapacidad
|
|
2020
|
406
|
256
|
152
|
10
|
|
2021
|
439
|
204
|
239
|
4
|
|
2022
|
3471
|
1912
|
1568
|
130
|
|
2023
|
14.959
|
9403
|
5562
|
446
|
|
2024
|
2.697
|
1961
|
1006
|
108
|
Nota: Figura elaborada con datos tomados (SENESCYT,
2024)
Paralelamente, la asignación de becas ha seguido
una tendencia de crecimiento similar a la del presupuesto destinado a las
universidades públicas, evidenciando una correlación positiva entre ambas
variables. Según datos del portal estadístico de la (SENESCYT, 2024), desde el
año 2000 hasta la actualidad se han otorgado un total de 63.208 becas,
beneficiando a 36.177 mujeres y 27.031 hombres. En cuanto a la distribución
étnica, el 84,73% de los beneficiarios corresponde a la etnia mestiza, el 6,28%
a la indígena y el 5,0% a la montubia.
Metodología
El diseño de esta investigación posee un enfoque
metodológico mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos con la
finalidad de obtener una visión amplia y profunda sobre la efectividad de las
políticas públicas con el acceso a la educación superior en el Ecuador.
Desde el componente cualitativo, se desarrolló un
estudio de carácter interpretativo y analítico, orientado a comprender las
limitaciones estructurales que restringen el ejercicio efectivo del derecho al
acceso a la educación superior. Para ello, se realizó una revisión documental
exhaustiva de los principales instrumentos jurídico que regulan este derecho
como; La Constitución de la República del Ecuador (2008), La Ley Orgánica de
Educación Superior – LOES (2010) y la Constitución Política del Ecuador (1998)
este documento como análisis comparativo, además de normas conexas y artículos
académicos que permitieron construir categorías de análisis relacionados con el
acceso, justicia y equidad educativa.
El tipo de estudio de exploratorio-descriptivo, con
el propósito de comprender la situación actual de aplicación de las políticas
públicas y su impacto social y jurídico. La unidad de análisis incluyo
normativas vigentes relacionadas con la educación superior, como datos
estadísticos proporcionados por organismos oficiales, sentencias
constitucionales pertinentes y entrevistas semiestructuradas que aportaron una
valoración crítica de los avances y desafíos en la materia.Estos materiales
permitieron un análisis integral que combina el estudio documental con la
interpretación de cifras relevantes para evidenciar tendencias y desafíos en el
acceso a la educación superior.
En cuanto al componente cuantitativo, se relacionó
con la iinversión presupuestaria, se empleó un análisis cuantitativo de los
datos estadísticos oficiales proporcionados por la SENESCYT. Se examinó la
evolución del gasto público en educación superior entre los años 2021 y 2024,
así como la oferta de cupos, matrícula efectiva y el número de becarios
beneficiados en dicho periodo. Estos insumos permitieron establecer una
relación entre la asignación de recursos financieros y la capacidad del sistema
universitario para responder a la creciente demanda estudiantil.
Tabla 7. Población
|
Descripción
|
Cantidad
|
|
Leyes
(Constitución, LOES)
|
3
|
|
Entrevistas
(Abogados en Libre ejercicio)
|
3
|
|
Total
|
6
|
Elaborado por: Ab.
Nevarez Mayra
En total, los materiales analizados incluyeron
estudio comparado entre leyes conexas, entrevistas (ver Tabla 9), lo que
conformó un corpus de seis fuentes principales de información. Los datos fueron
categorizados temáticamente y analizados en función de los tres ejes de
investigación, integrando la dimensión normativa, social y presupuestaria para
ofrecer una visión integral sobre los avances y limitaciones en el acceso a la
educación superior en Ecuador.
Resultados
En Ecuador, el acceso a la educación superior es un
derecho esencial que se consagra por la propia Constitución de la República del
Ecuador, como por la (Ley Orgánica de Educación Superior ). La Carta Magna, en
el artículo 1 expresa que el Estado se respalda en base al respeto de los
derechos humanos y que tiene como misión principal el garantizar y preservar la
dignidad humana. En este contexto, el gobierno tiene la corresponsabilidad de
garantizar y fomentar que todos los ciudadanos tengan el derecho de poder
acceder a una educación superior de calidad, con igualdad de oportunidades,
entendiendo a la educación no solo como una formación profesional, sino como un
instrumento que permita promover la equidad y el desarrollo social del país.
Partiendo del estudio documental del presente
trabajo investigativo se puede reconocer sobre la efectividad de las políticas
públicas en el Ecuador y los avances legales que dejan en evidencia como el
país ha venido evolucionando en torno a la educación, donde como miles de
jóvenes tienen la oportunidad de acceder a una educación superior accesible y
de calidad (Artículo 1). No obstante, es evidente también contrastar que aun
persisten limitaciones de carácter social y estructural que dificultad su aplicación
efectiva, que se sustento tomando como referencia a partir de los tres ejes
principales, integrando un estudio comparativo de las constituciones de 1998 y
2008, le revisión de datos estadísticos y aplicación de entrevistas, con la
finalidad de generar un panorama integral que permita reconocer las brechas
existentes en torno a la educación.
La analogía entre las Constituciones de Ecuador de
1998 y 2008, revela un progreso significativo en cuanto al reconocimiento a la
educación superior. Bajo este enfoque comparativo se permitió conocer que la
normativa de 1998 categorizaba a la educación superior como un “servicio
público condicionado”, es decir que el Gobierno desempeñaba un rol de promotor
y regulador, pero no garantizaba el acceso para todos de manera equitativa
debido a que se estandarizaba a la educación como un servicio público sujeto a
condiciones sociales y económicas, mientras que la actual Carta Magna de 2008
lo establece como un derecho humano esencial, donde se reconoce desde el acceso
gratuito hasta el nivel universitario y con garantía estatal de carácter
obligatorio, marcando así una trasformación social en la políticas educativa
consolidando su evolución a un enfoque mas inclusivo y justo para todos los
aspirante a una carrera universitaria.
De manera complementaria, el análisis de datos
estadísticos en torno a la educación contribuyó a evidenciar que durante los
últimos años la demanda estudiantil para acceder a un cupo universitario
persiste partiendo desde la oferta – demanda de cupos disponibles y el aumento
de jóvenes que desean acceder a una educación pública. Durante el período
2020-2024, la cantidad de inscritos para los procesos de admisión según (SENESCYT,
2024) superó a gran escala la disponibilidad de cupos ofertados, con un rango
de diferencia comprendido que van de 200.000 a 400.000 postulantes. En el
intervalo 2021 2022, cerca del 48% de aspirantes no lograron acceder a un cupo
universitario, lo cual revela las limitaciones de las políticas publicas que
permita asegurar un acceso de con igualdad de oportunidades.
En orden de ideas, el porcentaje total de la tasa
bruta de estudiantes matriculado en Educación de tercer nivel durante el
periodo comprendido 2019 -2022 registró un crecimiento continuo, pasando de
36,5% en 2019 a 40,8% en 2022. No obstante, este aumento no permitió cubrir la
demanda de aspirantes que deseaban acceder a una educación superior, generando
barreras de acceso para miles de jóvenes que, pese a que cumplieron con
requisitos académicos, no lograron integrarse al sistema de educación superior.
Durante el período 2020-2024, se evidenciaron
cambios significativos en cuanto a las inversiones presupuestaria por parte de
los gobiernos asignados a la educación superior. El mayor incremento se
presente en el año 2023 con un monto de USD 2.008 millones, pero notablemente
en 2024 su reducción descendió a USD 1.319 millones. Es indiscutible que,
durante los últimos años el Estado ha focalizado su atención en la asignación
presupuestaria en la educación; sin embargo, esa reducción de recursos afecta
de manera significativa a las universidades puesto que se enfoca sobre los
fondos destinados a infraestructura y asignación de becas ya que representa un
desafío al sector público.
En consecuencia, los datos estadísticos de la (SENESCYT)
sobre el financiamiento estudiantil reflejaron un aumento destacando el
incremento de becarios hasta el 2023, alcanzando 14,959 estudiantes, seguido de
una disminución de asignación de becas de 2,697 en 2024. Es notable que estos
programas que forman parte de la inversión presupuestarias del Estado han
permitido favorecer a miles de estudiante durante su formación académica y
sobre todo de quienes provienen de sectores rurales a quienes se les dificulta
costear sus gastos universitarios. Aunque
estos programas han promovido la inclusión, la composición étnica de los
beneficiarios indica que los pueblos indígenas y montubios siguen siendo
minoría, lo que refleja la permanencia de desigualdades. En conclusión, los
datos revelan avances en la normativa y esfuerzos estatales relacionados con la
cobertura y la inversión, pero también ponen en evidencia obstáculos
estructurales que limitan un acceso realmente equitativo a la educación
superior.
Los hallazgos de este estudio confirman que, a
pesar de los avances normativos derivados de la Constitución de 2008 y la LOES
de 2010, la efectividad de las políticas públicas en materia de acceso a la
educación superior sigue siendo limitada.
La transformación del marco jurídico ha sido un
factor clave al reconocer a la educación superior como un derecho inherente. No
obstante, es importante dilucidar que la mera solemnidad y existencia de leyes
y regulaciones no sujeta de manera directa la equidad en el acceso a la
educación, es decir, se convierte en ley muerta debido a que solo existe en un
papel, pero ante la practica no es aplicable que al fin se vuelve ineficaz y
obsoleta, puesto que si en la educación se evidencian limitaciones pedagógicas,
estructurales y económicos la inclusión de más políticas públicas no acredita
el acceso efectivo de quienes aspiran ingresar a una universidad.
En segundo lugar, los datos sobre oferta de cupos
vs. demanda reflejan una contradicción central: el incremento de la demanda no
se traduce automáticamente en acceso, lo cual genera un ciclo de exclusión.
Esta situación se alinea con estudios previos en América Latina que señalan la
insuficiencia de políticas centradas solo en aumentar cobertura sin atender los
factores de desigualdad de base.
Por otra parte, el esfuerzo evidente por parte del
Estado durante los últimos años en cuando a la inversión pública mediante la
asignación de recursos y asignación de becas evidencian un compromiso
significativo, sin embargo, también se pone de manifiesto los desafíos de
sostenibilidad (ver tabla 6) donde el año 2024 se evidencia la caída de los
recursos y disminución de educandos beneficiados en cuanto a becas
universitarias. Donde es evidente que estas políticas se encuentran condicionadas
inicialmente por la disponibilidad presupuestario de un gobierno, que por un
plan sostenido que permita tener la plena seguridad de un recurso que ayude a
la formación integral de un estudiante.
Finalmente, los resultados sugieren que el acceso
equitativo a la educación superior en Ecuador exige trascender la lógica de la
cobertura y focalizarse en la equidad real. Ello implica fortalecer políticas
de nivelación académica para estudiantes de sectores vulnerables, asegurar una
distribución más equitativa de becas entre los distintos grupos sociales y
étnicos, y garantizar un financiamiento estable para las universidades públicas
que les permita responder a la creciente demanda.
Tabla 8. Entrevistas a profesionales del derecho sobre
la efectividad de las políticas públicas del Ecuador, relacionadas con el
acceso a la Educación Superior.
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Nombre del
Entrevistado
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Cargo u
Ocupación
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Preguntas sobre: Análisis de la efectividad
de las Políticas Públicas del Ecuador, relacionadas con el acceso de la
Educación Superior.
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¿Considera que el marco jurídico ecuatoriano
garantiza de forma efectiva el acceso equitativo a la educación superior?
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¿Qué políticas públicas recientes conoce que hayan
promovido un mayor acceso a la educación superior en Ecuador?
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En su experiencia, ¿Cuáles son las principales
barreras legales o administrativas que enfrentan los estudiantes de sectores
vulnerables al intentar ingresar a la universidad?
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¿Qué recomendaciones haría para fortalecer
jurídicamente las políticas públicas orientadas al acceso a la educación
superior?
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Mgt. Jessica Adriana Lucero Tenorio
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Docente Universitaria
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No, porque no
es aplicable, muchas veces la equidad solo queda en ley y no se aplica.
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El Caces,
recién se encuentra tratando de subir de nivel a las carreras, pero la
realidad es diferente y realmente no se conoce la realidad
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El acceso a la
educación y la inseguridad.
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Es fundamental
que las políticas públicas en educación superior incluyan medidas específicas
para atender las necesidades de las personas con discapacidades, garantizando
su inclusión plena y equitativa en todos los procesos académicos y
administrativos.
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Abg. Nathaly Carolina Lino Navarrete
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Abogada/Analista de Compras Públicas
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Considero que
según lo que determina la Constitución es un derecho fundamental para los
ciudadanos, en palabras pretende garantizar en hechos hay ciertas situaciones
que vulneran dicho derecho.
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El hecho de
limitar la participación de Senescyt en los procesos de admisión en las
universidades fue un paso importante para el ingreso de estudiantes.
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En ocasiones,
por el estricto cumplimiento de formalidades o requisitos administrativos, se
termina privando a ciertos estudiantes de su derecho al acceso a la educación
superior. Estas solemnidades procesales, que a veces carecen de una
justificación sustantiva, pueden convertirse en obstáculos innecesarios que
afectan especialmente a quienes provienen de contextos vulnerables.
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La
coercitividad de la ley en casos de corrupción se refiere a la capacidad del
sistema jurídico para imponer sanciones efectivas y disuasorias frente a
prácticas ilícitas que afectan la integridad de las instituciones públicas.
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Abg. Joffre Edson Gencon Cabello
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Abogado de Libre ejercicio
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El marco jurídico si permite el libre acceso a la educación. Pero
el sistema educativo no abastece a todos los bachilleres que desean ingresar
a la universidad.
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Una de las
políticas públicas más relevantes y recientes que ha promovido un mayor
acceso a la educación superior en Ecuador es la gratuidad de la matrícula y
de los aranceles académicos en las instituciones de educación superior
públicas.
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Las políticas
públicas vigentes han demostrado ser efectivas en la promoción del acceso a
la educación superior en Ecuador. Sin embargo, es necesario fortalecer su
ejecución y acompañarlas con un aumento en la oferta de cupos, con el fin de
garantizar un acceso más justo, inclusivo y ordenado para todos los
aspirantes.
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Elaborado por:
Ab. Nevarez May
Conclusiones
El estudio realizado ha permitido reconocer los
principales avances y limitaciones en torno al derecho de acceso a la educación
superior en el Ecuador. Partiendo por el análisis y revisión del marco
normativo, políticas administrativas implementadas, datos estadísticos sobre
las transformaciones y cambios significativos en torno al acceso de la
educación, adicionalmente de las posturas de los actores involucrados, se
evidenció que, aunque existan iniciativas gubernamentales por mejorar y
amplificar las oportunidades, todavía persisten desafíos estructurales que
condiciona el ejercicio efectivo de la
igualdad para los jóvenes interesados en emprender una formación universitaria.
En este contexto, las conclusiones que e presentan integran los principales
aspectos más significativos y permiten reflexionar acerca de los retos que deben
superarse para lograr un acceso justo e inclusivo a la educación superior:
1.- El análisis comparativo de las constituciones
de 1998 y 2008 refleja una evolución significativa sobre el rol del Estado
frente a la educación superior. En 1998 la normativa reconocía el acceso a la
educación superior en relación al merito académico de cada aspirante y se contemplaba
la alternativa de que fueran los estudiantes quienes asumieran el
financiamiento de su formación; actualmente en comparación, la Carta Magna de
2008 transitó a un modelo más inclusivo y garantista debido a que establece a la
educación como un deber universal, equitativo y gratuito. Asimismo, se
evidencio una transformación en el principio de responsabilidad: donde paso de un
esquema compartido entre Estado, familia y sociedad a un rol protagónico ya que
es el Estado, quien asume el papel rector y principal, apoyando la
corresponsabilidad social en cuanto a la educación que tiene como enfoque
principal orientado a preservar la calidad académica.
2.- Los datos recopilados mediante la revisión
estadísticas permitieron evidenciar que, aunque se han logrado avances
significativos en torno a la educación hoy en día existen todavía diferencias
notables en el acceso y calidad de la educación, especialmente para los grupos
mas vulnerables. No obstante, se reconocen los progresos alcanzados de los
gobiernos en cuanto a la ejecución de políticas, implementación de programas y
becas educativas que fomentan la calidad educativa y a su vez han tenido un
impacto positivo en la promulgación de oportunidades educativas.
3.- De acuerdo a las entrevistas realizadas se
evidencio un consenso en base a que, aunque la legislación ecuatoriana
contempla el derecho de acceso a la educación superior, aun se evidencian
limitaciones de índole legal, administrativas y estructurales que restringen la
igualdad de oportunidades de los jóvenes que desean acceder a una educación superior,
especialmente en el caso de estudiantes provenientes de sectores en situación
de vulnerabilidad.
4.- Finalmente, a pesar de que la asignación de
cupos pasó de la SENESCYT a las universidades, no modifica la aplicación de las
políticas de ingreso, debido a que estas instituciones continúan los
lineamientos definidos por el organismo. Este proceso, impulsado por decretos
presidenciales del ex presidente Guillermo Lasso y el actual presidente Daniel
Noboa y difundido por medios de comunicación, representan un impulso hacia la
descentralización administrativa en la educación superior.
Referencias
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Oficial Suplemento No. 298. (2020). Ley Orgánica de Educación Superior .
Quito-Ecuador: Asamblea Nacional del Ecuador.
Asamblea Nacional, Decreto Legislativo 0. (2008).
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educación superior: una realidad del gobierno negada a muchos jóvenes en
Ecuador (caso UNACH). Revista Científica Amawta, 99-120.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución
de la República del Ecuador. Quito-Ecuador: Registro Oficial No. 449, del
20 de octubre de 2008. Arts. 26–27.
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Quito-Ecuador: Registro Oficial No. 449, de 20 Registro Oficial No. 1, del 11
de agosto de 1998. Art. 67.
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. Ecuador-Quito.
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Ecuatoriana: Una mirada desde la Política Pública, previo a la Ley Orgánica de
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SEAES, S. E. (2021). Gob.ec. Obtenido de
https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/PROYECTO_SEAES.pdf?utm_source=chatgpt.com
SEASES, Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación
Superior. (2021). Gob.ec. Obtenido de
https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/PROYECTO_SEAES.pdf?utm_source=chatgpt.com
SENESCYT, S. d. (2024). Proyección de la oferta de cupos
para el acceso a la educación superior en Ecuador. Ecuador-Quito.
Senescyt, S. d. (2024). Serie Histórica Registro de
Matrícula ISTT. Ecuador .
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herramienta de protección de los derechos educativos en Ecuador.
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