Instrumentos de planificación y normativos en la ordenación territorial sostenible. Estudio de caso: Asentamientos humanos amenazados por los lahares de Latacunga, Ecuador

Resumen

Este estudio analiza la integración de la planificación urbana sostenible y la gestión del riesgo de desastres en América Latina, centrándose en el cantón de Latacunga, en Ecuador, una región altamente vulnerable a los riesgos volcánicos derivados del volcán Cotopaxi. Mediante un enfoque de métodos mixtos, la investigación evalúa la coherencia entre la legislación nacional (COOTAD, LOOTUGS) y los instrumentos de planificación locales: el Plan de Desarrollo y Ordenación Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). La metodología incorpora un análisis normativo cualitativo, una superposición espacial mediante SIG que cruza los mapas oficiales de riesgo de lahares con las bases de datos catastrales municipales, y una evaluación de la viabilidad de las limitaciones de gobernanza institucional. El análisis espacial revela una brecha crítica de aplicación entre los marcos normativos teóricos y la ocupación territorial real. Aproximadamente 420,50 hectáreas de suelo urbano consolidado y de alta densidad, y 285,10 hectáreas de zonas de expansión periférica, están directamente expuestas a niveles de riesgo de lahares altos o muy altos. Además, el débil control municipal por parte del gobierno local permite la proliferación de mercados informales de suelo, lo que da lugar a la subdivisión de propiedades agrícolas rurales sin infraestructura básica y agrava gravemente las vulnerabilidades socioeconómicas. El estudio concluye que, si bien la normativa a nivel macro de Ecuador proporciona directrices exhaustivas para una planificación que tenga en cuenta los riesgos, su eficacia práctica se ve estrictamente limitada por las capacidades técnicas, financieras y administrativas de los gobiernos locales descentralizados. Para mitigar los riesgos latentes de desastres antropogénicos a gran escala, las autoridades municipales deben ir más allá del mero cumplimiento sobre el papel. Los esfuerzos futuros deben dar prioridad a la aplicación activa de la normativa urbana, la gobernanza participativa y la regulación estricta de las dinámicas inmobiliarias informales para fomentar un modelo territorial resiliente.